En un fallo que se conoció esta tarde, el Superior Tribunal de Justicia levantó la medida de no innovar de la jueza, Eugenia Bona, que había frenado las licitaciones de obras cuyos presupuestos comprometan más allá del mandato del gobernador actual. “El Tribunal Superior de Justicia ha dicho que se suspende la medida cautelar; seguimos trabajando y gobernando”, dijo hoy el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

El Superior Tribunal de Justicia tomó el caso a través de una instancia extraordinaria como es el “per saltum”. Los jueces Jorge Levingston, Eduardo Allende, Cecilia Chada y Guillermo L’Huillier, de conformidad con el procurador Luis Martínez, hicieron lugar al recurso extraordinario promovido por el Gobierno. Así fallaron contra la medida de no innovar de la jueza Eugenia Bona que había frenado los llamados a licitaciones y contrataciones dispuestas por Alberto Rodríguez Saá. Entre las obras afectadas estaba el llamado a licitación para construir la autovia en la actual ruta provincial 1, entre Villa de Merlo y Cortaderas. El fallo del Superior Tribunal será apelado ante la Corte Suprema de Justicia, dijeron desde el poggismo.

LO QUE DIJO EL GOBERNADOR

“Es de gravedad institucional no sólo la suspensión de la obra pública, sino que dentro de la obra pública hay escuelas, hay hospitales, hay agua potable y hay muchas que son créditos. En realidad, son obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la provincia de San Luis, que tienen un plazo y se vence en pocos días y si eso se suspende, la provincia pierde todo ese dinero“, explicó Alberto Rodríguez Saá, y añadió: “Su argumento era que se comprometía el presupuesto del año que viene. Todas las obras que estamos licitando están previstas para el presupuesto del año que viene. En la Cámara de Diputados no se trató, porque no quiso tratarlo la banca de Poggi, tampoco hablaron del presupuesto, tampoco pidieron sacar esas obras ni dijeron qué obras quieren”.

 “La jueza Bona dice que le encanta vivir en este San Luis y lo hemos construido nosotros. Para no paralizar la obra hay un recurso que se llama ‘per saltum’ y uno acude a la máxima autoridad judicial que es el Superior Tribunal de Justicia argumentando que hay gravedad institucional, que están en riesgo esas obras y la periodicidad de funciones. Esto quiere decir que los funcionarios tenemos un período de cuatro años. Empezamos el 10 de diciembre y esos cuatro años se cumplen el 9 de diciembre a las 24 horas. Hasta ese momento gobernamos nosotros”, afirmó el jefe de Estado, y añadió: “La jueza dice que compromete al nuevo periodo, pero ella nos está quitando la parte de nuestro periodo y le está dando al otro que decida sobre éste”.

“Quería contarles esta medida y decirles a los ministerios, que todos los que tuvieron algún expediente que quedó paralizado o suspendido, que trabaje y el martes tenemos que tratar de recuperar estos días. En un día hay que recuperar una semana”.

También, el primer mandatario provincial mostró su descontento por lo que causó la medida judicial: “Podemos decir que por habernos tenido la plata congelada, la Provincia perdió cerca de 5 mil millones de pesos. ¿Quién lo va a pagar?”.

Por último, Alberto Rodríguez Saá celebró la nueva medida judicial que permitirá el avance de las obras pautadas por la Provincia. “Vamos a trabajar para recuperar estos siete días de suspensión y cumplir los sueños”, finalizó.