La disputa por la transición político en San Luis sumó ayer su capítulo judicial. Este lunes, día en que se iba a realizar el llamado a licitación para la construcción de una “ciudad judicial”, la jueza María Eugenia Bona hizo lugar a una medida solicitada por el gobernador electo, Claudio Poggi, y decretó “no innovar, sobre los llamados a licitación, licitaciones en trámite, adjudicaciones y/o contrataciones de obra pública, en que el Poder Ejecutivo Provincial, Administración Central y descentralizada, organismos autárquicos, entes desconcentrados del Estado, Agencias, y Sociedades de Estado sea parte, y cuya ejecución pudiera exceder el actual mandato gubernamental”.

Bona ha establecido que la duración de esta medida será “inter dure el trámite de la presente causa” iniciada por el gobernador electo. En su escrito, la jueza Bona analiza distintas medidas recientes del Gobierno provincial, como el retiro de 85 millones de dólares, el piso salarial de $300.000, los aportes a los municipios para que también puedan llegar al mismo, el aumento de subvenciones a las escuelas públicas de gestión privadas.

“Si bien como juez laboral debo manifestar que los aumentos salariales son beneficiosos para la comunidad no compatibilizarían en principio con el Decreto N° 7806/23, sus considerandos y el retiro de fondos del tesoro provincial, y no concordaría con el art. 168, ap. 6, 14 y 25 de la Constitución Provincial, sin entrar en el análisis puramente constitucional de las medidas, prima facie, el art. 92 de la Constitución Provincial, establece la anualidad de los presupuestos, que no pueden exceder el periodo de gestión del Poder Ejecutivo, haciendo que todas las medidas tengan como fecha final, el 09/12/2023, que es el último día de gestión del actual gobernador”, dice Bona en sus fundamentos.

“Toda transición debe ser un trabajo conjunto, de los diferentes equipos, del gobierno, en forma ordenada. Es el pueblo de San Luis quien está comprometido en ello”, dice la magistrada en otro segmento de su fallo.