Media sanción para la ley que busca terminar con la mora judicial

Este miércoles, la Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción a una reforma clave del Código Procesal Civil y Comercial, que apunta a agilizar los tiempos judiciales y garantizar el derecho a una justicia en “plazo razonable”. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Claudio Poggi y contó con 24 votos afirmativos sobre un total de 37.

El proyecto tiene como ejes centrales reducir las demoras en las resoluciones judiciales y evitar pasos intermedios innecesarios. También forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo que incluye la eliminación de la feria judicial. Según destacaron, la mora en los procesos judiciales es una de las principales preocupaciones compartidas por abogados y ciudadanos.

La propuesta fue elaborada tras una serie de reuniones con el Colegio de Abogados de San Luis, Villa Mercedes, la tercera Circunscripción y el Colegio Forense. Allí se identificó un diagnóstico común: los plazos judiciales no se cumplen y eso afecta directamente a quienes esperan una resolución.

Durante el debate, el diputado Christian Gurruchaga defendió el despacho por mayoría y explicó que la reforma se sostiene en dos principios: el “plazo razonable”, que garantiza a toda persona el derecho a ser oída en un tiempo justo, y la “celeridad procesal”, que busca evitar dilaciones innecesarias.

Entre los puntos destacados del proyecto se encuentra la limitación en el uso de las llamadas “medidas para mejor proveer”, que los jueces utilizan para clarificar hechos del expediente. A partir de la reforma, podrán dictarse sólo una vez por instancia y con un plazo de 15 días hábiles, prorrogables por única vez. Si estas medidas generan demoras injustificadas, podrán constituir causal de remoción del juez, según lo establece la Ley del Jurado de Enjuiciamiento.

También se modifica el artículo referido al Retardo de Justicia. Si un juez no puede cumplir con los plazos para dictar una sentencia definitiva, deberá comunicarlo con 10 días de anticipación al Superior Tribunal de Justicia, que podrá conceder una única prórroga de hasta 15 días. Si no cumple, perderá automáticamente la jurisdicción del caso y el expediente será reasignado.

El diputado Carlos ‘Charly’ Pereira también expresó su apoyo al proyecto y lo calificó como el comienzo de una transformación estructural del Poder Judicial. Señaló que esta reforma es parte de un “contrato” que el gobernador Poggi asumió con la sociedad para modernizar el sistema de justicia provincial.

Pereira además apuntó contra el bloque opositor, al que acusó de 16 años de inacción y de designar fiscales sin respetar criterios de mérito ni imparcialidad. En su discurso, defendió a los magistrados “probos, formados y productivos” y sostuvo que la mora judicial equivale a una denegación de justicia.

Finalmente, recordó una encuesta de la Fundación FISAL de 2014, que reveló que el 70% de los sanluiseños no confiaba en los jueces, lo que evidencia —según dijo— una crisis de legitimidad judicial producto de la politización del sistema durante los gobiernos anteriores.

La nueva normativa, de convertirse en ley, se aplicará a todos los juicios que se inicien después de su publicación en el Boletín Oficial. También podrá utilizarse en causas en trámite, siempre que no haya comenzado el cómputo de plazos bajo la legislación actual.