El comunicado señala: “Alberto Rodríguez Saá fue quien privó a los puntanos de tener defensor del pueblo por más de 14 años, una institución cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos e intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial, y ahora decide que es pertinente dicho nombramiento, con el agregado de proponer a Enrique Ponce (candidato a intendente en la ciudad de San Luis por su espacio político en las últimas elecciones).

Él fue quien modificó la Ley de cargos en la Legislatura para que no se sumaran año tras año mayor cantidad de personal y ahora, en la etapa final de su gestión, incorporará 53 funcionarios políticos con un sueldo promedio de $800000, lo que supone unos 500 millones del presupuesto provincial.

Pero no conforme con todo esto, también avanza sobre los organismos descentralizados como la UPRO, dotándola de mayor presupuesto creando de esta manera nuevos cargos.  Un despropósito total, que demuestra la impunidad con que se manejaron durante estos 40 años de hegemonía. No debemos permitirle que saquee las arcas provinciales. Con estas medidas pone en riesgo el presupuesto provincial y con ello la seguridad, la salud y  la educación de todo el pueblo de San Luis”.

Concejales firmantes: Carlos Almena , Ezequiel Cuello , Jorge Cornejo,  Patricia Morandé, Ana María Nicoletti, Leonardo Rodríguez, Ángela Ventura.