San Luis: Aprueban ley que duplica dieta de diputados y senadores

El principal argumento del proyecto, que fue aprobado por 41 votos positivos y uno negativo, es que con el aumento de las dietas, los legisladores deben pagarle a sus empleados políticos y costear gastos en insumos como puede ser la telefonía y asesores.

Asimismo, la norma establece una nueva estructura organizativa, distinguiendo cargos políticos transitorios sin estabilidad de los permanentes con estabilidad.

El proyecto fue aprobado en Senadores el  30 de noviembre último y con la nueva sanción será remitido al Ejecutivo para su aprobación y promulgación.

En la discusión parlamentaria quienes votaron a favor argumentaron la necesidad de achicar el Estado provincial y contar con la responsabilidad de asumir los gastos de gestión contratando a quienes realmente necesiten como asesores en su tarea. El voto negativo del radical Fidel Haddad, en cambio, sostuvo que la herramienta "sólo servirá para generar mayor corrupción en la política provincial”.

La aprobación de la ley fue resistida por los empleados de la legislatura puntana que veían peligrar la estabilidad laboral lograda en ambas cámaras.

Por ello la norma establece que se abrirá un registro para que el personal de planta permanente o contratado que en forma voluntaria solicitaren cumplir funciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, sea remitido al ministerio de Hacienda y en caso de existir conformidad entre las partes, se celebrará el respectivo traspaso de dichos agentes, el que deberá respetar los derechos laborales adquiridos por los mismos.

Por otra parte y en su artículo 7º establece que los legisladores asumirán el pago de las remuneraciones del personal que revista como personal político transitorio asegurando total desvinculación en la relación de dependencia laboral, salarial, previsional y fiscal con el Estado Provincial.

A estos efectos, se dispuso que cada legislador reciba 12 módulos anuales, equivalente cada uno a un haber bruto. Adicionalmente, con dichos módulos, asumirán los gastos de insumos, de telefonía celular, de asesoramiento, de gestoría, y de servicios técnicos y profesionales, que su actividad como legislador le genere para el cumplimiento de su función. (Télam).