Merlo tuvo un crecimiento sostenido durante 20 años con la misma norma ambiental: ¿ Por qué la urgencia de modificarla?

Tras una sesión que dejó fuertes críticas y tensiones en el Concejo Deliberante, el bloque oficialista de Villa de Merlo aprobó la modificación de la Ordenanza 917, vigente desde 2005 y reconocida por su rol en la defensa ambiental local.

Con el voto de Patricia Morandé, María José Álvarez, Ezequiel Cuello Almena y Ángela Ventura, se resolvió que la Comisión Evaluadora de Estudios de Impacto Ambiental quedará integrada únicamente por funcionarios políticos y técnicos designados por el Ejecutivo. Esto implica la exclusión de organizaciones ambientales, especialistas independientes y de la ciudadanía, que históricamente formaban parte del proceso.

MENOS PARTICIPACIÓN, MÁS CONCENTRACIÓN

La decisión elimina herramientas de control social como las audiencias públicas, reduciendo la transparencia y el debate previo a la aprobación de proyectos con impacto ambiental. Para la oposición, esto supone un retroceso democrático que concentra el poder de decisión en el gobierno de turno y abre la puerta a decisiones sin contrapesos.

EL ARGUMENTO DE LA “FALTA DE OPERATIVIDAD”

El oficialismo justificó el cambio señalando que el esquema vigente no era operativo y que las evaluaciones a nivel provincial podían demorar hasta un año. Sin embargo, los datos oficiales muestran que Merlo nunca dejó de crecer bajo la normativa original.

Entre 2005 y 2017, en la ciudad se construyeron más de 700.000 metros cuadrados entre viviendas, complejos turísticos, locales y obras públicas. Solo en el período 2011-2017 se sumaron casi 300.000 metros cuadrados. Este crecimiento sostenido convivió con la vigencia de la Ordenanza 917, lo que cuestiona la urgencia de una reforma que prioriza la velocidad administrativa por sobre la planificación sustentable.

OPORTUNIDAD PERDIDA PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA AMBIENTAL

En lugar de ampliar los espacios de control ciudadano y técnico, el Concejo, la mayoría en este caso del oficialismo, optó por una reforma que reduce el escrutinio público y concentra la responsabilidad en un puñado de funcionarios. El resultado es una ciudad que podrá autorizar proyectos de alto impacto con mayor rapidez, pero con menos voces y menos garantías para su sustentabilidad a largo plazo.