Medio ambiente
San Luis impulsa la reglamentación de la ley que prohíbe la manipulación climática
En una reunión reciente, la subdirectora de Desarrollo Sostenible, Daniela Montalvini, y el titular del Ente de Desarrollo Aeronáutico, Horacio Quiroga, recibieron a referentes de organizaciones como CLAMA, MIPAC y pequeños productores rurales, quienes manifestaron su apoyo al proceso de reglamentación de la normativa.
¿QUÉ ESTABLECE LA LEY SOBRE MANIPULACIÓN DEL CLIMA?
El artículo 1 de la ley es categórico: queda prohibido el uso de técnicas, sistemas o tecnologías destinadas a alterar artificialmente la atmósfera, ya sea para modificar la condensación, la precipitación o cualquier fenómeno asociado al cambio climático inducido.
Estos métodos, utilizados históricamente en provincias vecinas como Mendoza y San Juan, incluyen el uso de avionetas para dispersar yoduro de plata en las nubes y los llamados cañones antigranizo, que emiten ondas de choque con gas acetileno para intentar modificar el comportamiento de las tormentas.
UNA POLÍTICA SUSTENTABLE EN LÍNEA CON EL AMBIENTE
A diferencia de esas provincias, San Luis no adoptó este tipo de intervenciones como política de Estado. En cambio, impulsa alternativas más sustentables como las mallas antigranizo y los seguros agrícolas, medidas que protegen los cultivos sin alterar el ecosistema ni los procesos naturales del clima.
La reciente cancelación de los programas antigranizo en Mendoza y San Juan marca un punto de inflexión en la región y refuerza el camino elegido por San Luis, alineado con una visión de largo plazo para el desarrollo productivo sostenible.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
Uno de los ejes centrales de la futura reglamentación será la participación ciudadana. Se prevé la conformación de instancias de diálogo, monitoreo y denuncia, donde productores, entidades ambientales y organismos estatales definan juntos los mecanismos de fiscalización y cumplimiento de la ley.
Según lo acordado, se realizarán nuevos encuentros en los próximos meses para afinar los detalles técnicos y normativos, siempre con la premisa de construir un marco legal con amplio consenso social y fundamentado en la transparencia ambiental.