El “fallo Mercau” sobrevuela la discusión sobre el nuevo Ordenamiento Territorial de Merlo

Omnipresente. Así estuvo en boca de varios oradores el denominado “fallo Mercau” en la primera parte de la Audiencia Pública que se completó este viernes en Villa de Merlo, en la sede del Concejo Deliberante. Durante la mañana diez oradores habían dejado sentado su postura sobre cómo debe pensarse el uso del suelo de aquí hacia el 2050. Tras un cuarto intermedio, el debate se retomó a las 15. Y a partir de allí hubo intervenciones crudas, contrapuestas y con advertencias hacia los legisladores locales sobre las nuevas normativas.

Es que el documento base sobre el cual se debate, diagnóstico y propuesta, más allá de sus autores, el contenido, aciertos u errores, está condicionado por una realidad dada a partir del fallo de febrero de 2024 cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que la municipalidad de Villa de Merlo debía indemnizar a la familia Mercau por confiscar 190 hectáreas; confiscación que se hizo si ninguna retribución.

Ese fallo, dado a conocer en primicia por infomerlo, y cuyo contenido sorprendió a los propios funcionarios municipales y concejales de entonces, pone en jaque a las finanzas municipales y en crisis a parte de la legislación ambiental de la ciudad. Después de esa decisión de la CSJ, el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis decidió en línea con esa sentencia y ordenó un “juicio sumarísimo”. Es decir, que hay que indemnizar a los perjudicados. Y el camino parece ser único: modificar zonificaciones y permitir que determinadas tierras hoy inmovilizadas para cualquier tipo de uso puedan ser utilizadas.  Esa manera de saldar la sentencia es la que condiciona el debate y tuvo menciones omnipresentes en los oradores de la tarde.

OPINIONES Y DEBATE

Lo dijo de manera clara el actual diputado provincial, y exfuncionario municipal, Bruno Mini, cuya exposición se centró en ese falló y lo abordó de manera judicial, pero también política y práctica. Les habló a los ediles y dijo: “El fallo Mercau cambia las reglas del juego y los concejales son los que ahora van a tener que trabajar en una redacción definitiva y entender la implicancia del caso”. Le tiró sobre sus espaldas la responsabilidad sobre la modificación de las ordenanzas ambientales de Merlo para poder cumplir con la resolución judicial.

En igual sentido se manifestó el actual ministro de Turismo y Cultura, Juan Alvarez Pinto, que, en su condición de funcionario provincial e intendente electo con licencia, también puso sobre la mesa el “fallo Mercau” al que calificó como “una antes y un después” para la legislación ambiental de Merlo. Y puso énfasis en que las decisiones del Estado, en este caso la confiscación de 190 hectáreas, tienen “consecuencias jurídicas”. “Este fallo lo que viene a plantear es un antes y un después en como se deben encarar las diferentes situaciones”, dijo en relación a la restricción impuesta por la municipalidad a esas hectáreas, pero que no tuvieron indemnización.

“NO QUEREMOS ENGAÑOS”

También el tema del fallo judicial fue mencionado por una de las expositoras que los antecedió. La docente e investigadoras, Mariana Ripoll (UNSL), cuyo tema fue “aportes al Ordenamiento Territorial desde la Universidad Facultad de Turismo y Urbanismo (FTU)”, fue muy crítica desde el inicio de su alocución. Aseguró que hablaba en representación de un grupo de la FTU que “trabajó mucho” el documento, al que calificó como “código urbano” carece de participación ciudadana “real, genuina” tanto en el diagnostico como en la propuesta elaborado por la consultora.

En la proyección visual de un plano se pudo ver las líneas por donde pasan y atraviesan las cotas 1000 y 1100 en las sierras y Villa de Merlo, centro de discusión actual. Habló de “graves incongruencias” en el proyecto original. Y al mencionar la zona de las reservas y la zona T4 pensada para respetar al “Parque Perón”. “¿Por qué nos quieren confundir? Si hay un problema con el caso Mercau, charlémoslo, que se haga público, cuál es la decisión que se va a tomar con respecto a eso. No nos engañén. Nunca fue la cota 1100 la cota de protección ambiental de Merlo históricamente”, dijo Ripoll. Y pidió que, si hay que hacer modificaciones se digan de ¡manera clara y transparente, sin engaños”.

La percepción es que el nuevo Ordenamiento Territorial de Merlo -más allá de los aportes, las discusiones que vendrán, las críticas, voces a favor y en contra -, es que terminará en buena parte condicionado por la sentencia judicial que se conoció hace dos años, pero cuyo juicio se inició hace 24. Y que hoy cae como un yunque sobre los actuales legisladores, pero los responsables del inicio del conflicto ambiental hay que rastrearlos hacia atrás.