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Duras críticas y denuncias

Poggi, en un nuevo informe financiero de San Luis, cargó contra la gestión anterior

El actual gobernador de San Luis volvió a detallar acciones y hechos de la anterior administración, a la que considera responsable del dinero faltante para pagar los sueldos completos de los empleados públicos.
jueves 21 de diciembre de 2023

En un mensaje llevado a cabo la noche del miércoles, el gobernador Claudio Poggi ofreció un segundo informe sobre la situación financiera del Ejecutivo provincial, destacando cuatro eventos de presunta corrupción vinculados a la administración de Alberto Rodríguez Saá- Según Poggi, se estima que estos actos irregulares han ocasionado un perjuicio económico a la Provincia que asciende a más de $1.440 millones.

“La corrupción se llevó el dinero que nos hace falta. Ahora estamos en la fase inicial de recuperación, y aquellos que se beneficiaron ilegítimamente de los recursos estatales deberán rendir cuentas ante la Justicia”, declaró el Gobernador, evocando la gravedad de la situación.

Las alegaciones presentadas por Poggi se dividen en dos categorías: denuncias judiciales y decisiones revocadas. Respecto a las denuncias, los ex funcionarios Cintia Ramírez y Marcelo Amitrano ocupan el centro de atención.

En el ámbito judicial, Poggi instruyó al fiscal de Estado para que inicie todas las denuncias pertinentes por irregularidades detectadas en la Secretaría de Deportes durante la gestión anterior. Según las acusaciones, Cintia Ramírez, quien presidía la Secretaría de Deportes, canalizaba aportes económicos a un ente deportivo desconcentrado que ella también dirigía. La respuesta a estas afirmaciones y aclaraciones la hizo la propia Ramírez, desligando responsabilidad sobre esa imputación.

En otro orden de cosas, se presentó una denuncia penal contra el exministro de la Producción, Marcelo Amitrano, por la desaparición de cinco vehículos de la cartera, de los cuales se han recuperado tres. El perjuicio económico derivado de la pérdida de los tres vehículos se estima en $140 millones, sumado a $40 millones por el uso de combustible cubierto por el Estado entre enero y noviembre de este año.

 

 

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