Duro ataque del ministro Álvarez Pinto a la Universidad Nacional de los Comechingones

Para justificar la contratación de una consultora privada cordobesa, el ministro de Turismo y Cultura e intendente en uso de licencia, Juan Álvarez Pinto, descalificó a la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC). Durante una entrevista en Alternativa FM, acusó a la institución de estar “absolutamente politizada”, atacó a su rectora por ser la hija de Adolfo Rodríguez Saá y trató de “ñoqui” a una trabajadora nodocente por ser la pareja del exconcejal Gastón Fonseca, opositor a su gestión.

La ofensiva buscó invalidar las críticas técnicas que hicieron profesionales, docentes e investigadores de la UNLC sobre el proyecto de ordenamiento territorial que impulsa el Municipio.

Álvarez Pinto sembró dudas sobre la neutralidad de los investigadores al afirmar que la universidad “no tiene ni siquiera concurso de sus profesores”, dato que fue desmentido por fuentes universitarias, ya que los tres docentes que asistieron a la audiencia pública y a las mesas participativas están concursados.

Para defender su decisión de contratar al urbanista cordobés Marcelo Corti, aseguró que los convenios con las universidades públicas son “más caros”, aunque omitió presentar cifras o datos comparativos reales para sostener esa declaración, porque aseguró que el contrato con la consultora cotó 15 millones de pesos, pero esa cifra habría sido pagada hace casi dos años.

Esta agresión mediática alcanzó a otros actores locales que cuestionaron técnicamente el plan de ordenamiento. El ministro redujo las críticas a mera “militancia política”. Cuestionó explícitamente a figuras de la oposición como la concejal Lucía Miranda y la dirigente de la UCR Titina Nicoletti; también quiso descalificar al profesional Gustavo Lataruolo: dijo que fue candidato a concejal y “no lo votó nadie”.

Detrás de la descalificación sistemática a las entidades académicas y colegios profesionales subyace una preocupación comunitaria: la fuerte sospecha de que el nuevo ordenamiento territorial está diseñado a medida para favorecer la expansión de un conocido grupo hotelero local.

La postura de Álvarez Pinto expone, además, un doble estándar evidente. Carga las tintas exclusivamente contra la UNLC, pero omite cualquier crítica hacia la Facultad de Turismo y Urbanismo (FTU), institución cuyo cogobierno está en manos de Franja Morada, una fuerza política aliada a su gestión.

Por otra parte, el intento de invalidar cualquier voz disonante bajo la acusación de “hacer política” choca con la propia realidad del funcionario. Álvarez Pinto señala la politización ajena mientras él mismo encarna la estructura política tradicional de Merlo: ocupa cargos simultáneos como ministro e intendente en uso de licencia, su padre es un exintendente de fuerte peso histórico y sus hermanas ocupan cargos en el Concejo Deliberante y el Municipio.