Grave hecho delictivo
Robo y ataque en Los Peros: el acusado negó haber herido a la niña e involucró a terceros
Cuando la fiscalía terminó de exponer su teoría del caso y la grave imputación por robo calificado y tentativa de homicidio, el juez de Garantías Jorge Pinto cedió la palabra a la defensa técnica, ejercida por el defensor oficial Francisco Pérez. Fue entonces cuando, contra todo pronóstico y pese a la recomendación expresa de su abogado de no declarar en esta etapa del proceso, Diego Ponce pidió hablar. Y habló mucho.
La decisión sorprendió incluso a su propio defensor y hasta juez de Garantia. El imputado ya se había mostrado locuaz al responder las preguntas formales del magistrado, pero insistió en dar su versión de los hechos, colocando su voluntad personal por encima de la estrategia legal. El juez Pinto le recordó que se estaba autoincrimando, pero Ponce quería hablar y refutar a la fiscalía.
En su relato, Ponce intentó en todo momento desligarse de las gravísimas lesiones sufridas por la niña de 10 años. Reconoció que el martes por la mañana salió en bicicleta a “buscar trabajo” y que se dirigió hacia el sur por la ex ruta 23, en dirección al paraje Los Peros. Allí, según sostuvo, se encontró con dos hombres que se movilizaban en un auto gris, a quienes dijo conocer por haber realizado con ellos “negocios ilícitos” y a quienes incluso identificó con nombre y apellido durante la audiencia. Es más, lo señaló como pertenencientes al mundo del hampa y lo que hacian.
Afirmó que esas personas le habían prestado dinero y que, como parte de una supuesta deuda, le propusieron participar de un robo. Siempre de acuerdo con su versión, ellos habrían “marcado” la vivienda, le indicaron que allí había una importante suma de dinero y le señalaron cómo ingresar.
Ponce admitió que fue a la casa, que fue atendido por la niña, que pidió un vaso de agua y que luego la tomó del cuello, la hizo ingresar a la vivienda y exigió el dinero. Sin embargo, negó de manera enfática haber utilizado un arma blanca o haber provocado las heridas en el cuello de la menor. Sostuvo que no portaba cúter ni navaja alguna y que se retiró del lugar alrededor de las 11.30, sin saber —según dijo— lo que ocurrió después.
En un intento por explicar la acusación en su contra, planteó que esas dos personas habrían ingresado posteriormente por otro sector de la casa y que serían las responsables de las lesiones, aunque no fueron registradas por ninguna cámara. “Alguno se la mandó, pero no fui yo. Yo soy loco, pero no como vidrio”, expresó ante el tribunal, en una frase que generó impacto en la sala.
También afirmó que se entregó voluntariamente en la Comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara al ver que circulaba una fotografía suya en bicicleta y que se lo acusaba no solo de robo sino de haber intentado matar a la niña. Cuestionó además el trato recibido por parte de la policía, asegurando que lo habrían presionado para que “se haga cargo de todo”.
La fiscalía rechazó de plano su versión, calificándola como un intento de desviar la investigación y de construir una coartada tardía. Los fiscales remarcaron que la evidencia reunida —cámaras, testimonios y secuestro de la bicicleta, la ropa y la mochila— ubica a Ponce como único autor del hecho, y señalaron su “desprecio por la vida humana” al atacar a una menor que hoy se encuentra internada en Córdoba, en estado delicado.
Al resolver la situación procesal, el juez Pinto valoró que no existía riesgo de fuga, dado que el acusado se presentó espontáneamente y cuenta con familiares en Santa Rosa del Conlara. Sin embargo, consideró acreditado un claro peligro de entorpecimiento de la investigación, recordando que personas de su entorno intentaron inicialmente falsear horarios y ocultar elementos clave antes de entregarlos a la policía.
Con esos fundamentos, dispuso la prisión preventiva y su inmediato traslado al Servicio Penitenciario. Además, ordenó comunicar la situación al Juzgado de Ejecución Penal, al constatar que Ponce había sido condenado a prisión perpetua por un homicidio cometido en Villa Mercedes en 2002, que permaneció 23 años detenido y que se encontraba en libertad condicional desde octubre de 2025, beneficio que quedó automáticamente revocado.