El municipio de Tilisarao denuncia a concejales por información falsa y uso indebido de inteligencia artificial

La disputa política entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante alcanzó niveles de extrema gravedad. El Ejecutivo presentó un escrito ante el Superior Tribunal de Justicia provincial acusando a un grupo de concejales de impulsar una “estrategia deliberada, sistemática y progresiva de entorpecimiento institucional”. Según la denuncia, la maniobra incluyó la confección de una demanda contencioso-administrativa plagada de datos falsos, citas inexistentes y bibliografía apócrifa, presuntamente elaborada con inteligencia artificial.

El origen del conflicto

El enfrentamiento tuvo su punto de partida en la sesión del Concejo Deliberante de diciembre de 2024. En ese encuentro se aprobó, en un solo acto, la desaprobación del Presupuesto 2025 y la Tarifaria 2025, dos normativas de distinta naturaleza que requieren tratamiento separado. Más grave aún, el acta refleja que el presupuesto jamás fue sometido a votación nominal. Tras rechazarse la tarifaria, el presidente del cuerpo, Alejandro Rosa, declaró que el presupuesto “ya estaría desaprobado” sin que se efectuara votación alguna. Para el Ejecutivo, este proceder constituye un “vicio formal insalvable” que privó al municipio de su principal herramienta de gestión.

Los protagonistas de la disputa

De acuerdo con fuentes locales, la denuncia presentada por el Ejecutivo identifica a seis actores centrales: Alejandro Rosa, presidente del Concejo, quien lidera la ofensiva política; Ezequiel Sanmartino, concejal y abogado, señalado como el arquitecto legal de la maniobra; Ricardo Rubira, abogado patrocinante, quien además cumple funciones provinciales en la Secretaría de Ambiente.; Florencia Torres, única testigo propuesta, funcionaria del Ministerio de Turismo y Cultura, cuyo testimonio fue “direccionado” en el propio escrito de demanda y Karina Peralta y Marcela Vizcay Bello, concejales que acompañaron con su voto la estrategia.

Una demanda con “alucinaciones jurídicas”

El Ejecutivo califica la presentación judicial del Concejo como un “andamiaje artificial” sostenido sobre fuentes inexistentes. Entre las irregularidades denunciadas se destacan: Jurisprudencia fantasma: citas a una supuesta “Cámara Contencioso Administrativa de San Luis”, órgano que no existe, y a fallos inventados como “López c/ Municipalidad de Justo Daract”; Doctrina apócrifa: referencias a autores y libros no registrados, como un tal “Domingo García” con su obra “Derecho Administrativo Municipal” y Leyes tergiversadas: uso incorrecto de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia, mencionando artículos que ni siquiera existen.

Según el escrito, estos errores son característicos de documentos generados con inteligencia artificial sin verificación posterior.

Consecuencias y víctimas colaterales

La denuncia advierte que el principal perjudicado es el pueblo de Tilisarao, cuya administración municipal quedó atrapada en un “patrón sistemático de hostigamiento”. También la Justicia provincial, obligada a destinar recursos a verificar citas y bibliografía inexistente en lugar de atender causas de impacto social real.

Finalmente, el caso expone al propio gobernador de San Luis a un desgaste político. Dos funcionarios de su gestión, vinculados a la maniobra, aparecen en el centro de un escándalo que contradice la agenda de transparencia y eficiencia judicial que el mandatario promueve públicamente.

El Superior Tribunal deberá ahora determinar si existió efectivamente un fraude judicial basado en inteligencia artificial. El desenlace podría convertirse en un precedente histórico sobre los límites de la tecnología en la política y la Justicia argentina.