El Gobierno disolvió la Secretaría de Vivienda de la Nación y traslada la gestión a provincias, municipios y sector privado

El Ejecutivo indicó que la disolución de la Secretaría, que gestionaba varios fondos fiduciarios, busca dar mayor autonomía a los gobiernos locales para llevar adelante los proyectos habitacionales. Según el Gobierno, esta decisión responde a los problemas de administración en los fondos, como la falta de controles y los deficientes resultados obtenidos en años anteriores.

La disolución afecta a tres fondos fiduciarios, entre los cuales destaca el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR). Un informe de la SIGEN había detectado diversas irregularidades, incluyendo demoras en la entrega de viviendas y problemas con la habitabilidad de las unidades. Además, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social también fue cerrado por irregularidades políticas y clientelistas, lo que lleva al Gobierno a replantear el modelo de gestión.

Con esta medida, el Gobierno Nacional ratifica su política de descentralización, cediendo el control de las obras de vivienda a nivel provincial y municipal. A su vez, se avanza en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y se ha transferido la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la Dirección Nacional de Arquitectura a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas.

El proceso de cierre de la Secretaría se llevará a cabo de forma ordenada, bajo la supervisión de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET), garantizando una transición de responsabilidades adecuada.

Desde la Casa Rosada se destacó que el cambio de modelo busca dejar atrás las prácticas de "corrupción de sueños compartidos" e impulsar un sistema basado en el crédito privado y la libertad económica.