La Villa de Merlo implementa exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios

La Provincia de San Luis avanza con la implementación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en la función pública. En ese marco, la ciudad de La Punta continuará con los controles por segundo año consecutivo y la Villa de Merlo se sumará por primera vez al sistema durante 2026.

El anuncio fue realizado en Casa de Gobierno por el director de Legalidad y Ética Pública, Bruno Fernández, junto a los intendentes Luciano Ayala (La Punta) y Leonardo Rodríguez (Villa de Merlo), quienes brindaron detalles sobre la normativa e invitaron a otros municipios a adherir.

De acuerdo a lo informado, el universo de personas alcanzadas por la ley se amplió a unos 12.200 agentes de los tres poderes del Estado, incluyendo personal de salud, policial y penitenciario. De ese total, se prevé realizar alrededor de 5.800 estudios que serán definidos de manera aleatoria.

En cuanto a los resultados del año pasado, se indicó que de 1.909 muestras analizadas, 48 arrojaron resultados positivos: 8 por sustancias ilegales y 40 vinculadas al uso de medicamentos o automedicación.

En caso de detectarse un resultado positivo, se da intervención al Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones (CPAA) para el acompañamiento correspondiente, mientras que cada poder del Estado aplica los procedimientos administrativos según corresponda.

En La Punta, el intendente Luciano Ayala confirmó que el municipio continuará con la aplicación de la ley y que en 2026 se evaluará a 63 funcionarios. En ese caso, los estudios serán financiados por el propio municipio.

Por su parte, el intendente de la Villa de Merlo, Leonardo Rodríguez, explicó que el municipio cuenta con una ordenanza previa a la sanción de la ley provincial, que luego fue ampliada mediante decreto. En esta primera implementación, el narcotest alcanzará a alrededor de 50 funcionarios, incluyendo concejales, integrantes del Ejecutivo y autoridades del Juzgado de Faltas.

Además, indicó que existe un convenio con la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia para la realización de los estudios, y que cada funcionario deberá afrontar el costo del examen.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la normativa busca garantizar la idoneidad de los funcionarios públicos y promover prácticas de control en el ámbito estatal.