Cruces, denuncias y polémica resolución marcaron la sesión extraordinaria del Concejo de Merlo

La sesión extraordinaria realizada este miércoles en el Concejo Deliberante de Villa de Merlo dejó una postal política cargada de tensión, discusiones encendidas y decisiones que abren interrogantes sobre el escenario institucional local. Por momentos, el debate derivó en un clima que rondó con el bochorno.

Las concejalas Lucía Miranda (Frente Justicialista) y Ana Laura Ferrarotti (Colectivo Comechigones) fueron las únicas representantes opositoras que dieron quórum para iniciar el tratamiento previsto. Ambas sostuvieron su postura respecto de la situación del intendente electo Juan Álvarez Pinto, actualmente ministro provincial de Turismo y Cultura: según su interpretación, la licencia otorgada oportunamente habría vencido el 23 de diciembre, lo que configuraría —siempre desde su lectura— un período de indefinición administrativa.

Ese planteo motivó incluso una denuncia penal, decisión que terminó de enrarecer el clima político merlino. En términos estrictamente políticos, algunos observadores consideran que judicializar el conflicto pudo haber sido una jugada discutible y hasta contraproducente. Es que ya que existían herramientas administrativas y debates institucionales suficientes para canalizar la controversia sin trasladarla a los pasillos de la justicia. 

Durante la exposición, Miranda fue quien desarrolló la argumentación con mayor nivel de detalle técnico, insistiendo en la necesidad de clarificar la situación formal del Ejecutivo municipal. Desde el oficialismo, en cambio, se reiteró que existiría un error interpretativo de la oposición y que la licencia tendría continuidad administrativa.

INEDITO

El momento más conflictivo llegó cuando la concejala oficialista María José Álvarez impulsó un proyecto de resolución que no figuraba en el orden del día. La iniciativa, finalmente aprobada por la mayoría, solicita a los ediles denunciantes explicaciones públicas en un plazo de 72 horas y faculta a la presidencia del cuerpo —a cargo de Patricia Morandé— a avanzar judicialmente si no hubiera rectificación o respuesta. Una especie de comisariato político ejercido por el bloque oficialista hacia sus pares y que de ser avalado podría sentar un precedente peligroso. 

La oposición interpretó esa medida como una presión política inédita dentro del ámbito legislativo local. Tras el tratamiento del tema, Miranda y Ferrarotti se retiraron del recinto, por lo que la votación final quedó en manos de cinco concejales oficialistas. El episodio deja abierto un frente político que probablemente continúe en las próximas semanas, con derivaciones institucionales y judiciales aún inciertas. Mientras tanto, el Concejo Deliberante atraviesa uno de sus momentos más ásperos en términos de convivencia política reciente.