Anteriormente, los propietarios de vehículos con menos de tres años de antigüedad ya estaban excluidos de recibir los subsidios estatales para servicios básicos como la electricidad y el gas. Sin embargo, esta nueva medida ampliaría el período de exclusión a cinco años, afectando a un grupo más amplio de la población.

Esta iniciativa forma parte de un plan de segmentación de tarifas y subsidios, con el objetivo de mejorar la eficiencia y focalización de la ayuda del Estado a los hogares. Se espera que esta nueva "Canasta Básica Energética" esté definida para abril y entre en vigor en mayo, según informes del Fondo Monetario Internacional.

Para determinar quiénes serán afectados por esta medida, el Gobierno utilizará una amplia variedad de bases de datos, cruzando información sobre propiedades, ingresos, vehículos registrados, entre otros. Aquellos que superen ciertos umbrales patrimoniales o de ingresos serán considerados como "Nivel 1" y no tendrán derecho a recibir subsidios estatales.

Actualmente, alrededor del 33% de los usuarios de la red eléctrica ya están catalogados como "Nivel 1" y no reciben subsidios, mientras que el resto sí cuenta con esta ayuda para pagar los servicios energéticos.

La implementación de esta medida supone un desafío logístico considerable, ya que implica el cruce y verificación de millones de datos en un país con alta informalidad laboral y una cultura de subdeclaración de ingresos y patrimonios. Sin embargo, se espera que esta segmentación permita una asignación más eficiente de los recursos estatales y una reducción del gasto público en subsidios energéticos.

Aunque esta medida puede generar controversia, el Gobierno argumenta que es necesaria para garantizar la sostenibilidad fiscal y mejorar la equidad en la distribución de los subsidios. Sin embargo, su implementación y efectividad serán evaluadas en los próximos meses, en un contexto de cambios y ajustes en la política económica del país.

Redacción / El Diario de la República