“Desde este lunes los trabajos en la casa de altos estudios (ULP) se desarrollan con total normalidad a partir de las primeras horas de la mañana. Cada una de las actividades previstas está cubierta por los profesionales a cargo, con la presencia de las autoridades designadas por el gobierno de San Luis. La guardia que custodia el perímetro de la ULP pertenece a la Policía de la provincia, que reemplazó a la seguridad privada que estaba hasta el domingo en el lugar”, señalaron desde el gobierno de la provincia.

Sin embargo, las autoridades de la Universidad de La Punta (ULP) que fueron desplazadas presentaron una denuncia por la intervención de la casa de estudios, que decidió el gobernador Claudio Poggi el domingo por la tarde, y presentarán un recurso de amparo para retrotraer la medida.

En una reunión de gabinete poco después de asumir, el mandatario provincial resolvió la intervención y envió a la Compañía de Operaciones de Alto Riesgo (COAR) a bloquear el ingreso a la casa de estudios.

La rectora, Eugenia Catalfamo, y el vicerrector, Marcelo Amitrano, se hicieron presentes en el campus de la ULP, pero no los dejaron ingresar. La presencia fue corroborada por un escribano público. Lo mismo sucedió con los trabajadores que asistieron para cumplir sus tareas.

Amitrano consideró “innecesaria” la actuación de la fuerza policial en el tema. “Es muy feo, más allá del fundamento, hay otras formas. Por la mañana, el gobernador pretendía jactarse del cambio de época, de democracia, de diálogo; el vice hizo un racconto de su compromiso con la democracia; y a las pocas horas militarizan una institución educativa”, remarcó.

Poggi argumentó la intervención en supuestas “irregularidades” en el nombramiento de la rectora Catalfamo. Amitrano recordó que su designación se produjo, como marca la Ley, mediante acuerdo del Senado a propuesta del Ejecutivo y que la fundamentación del mandatario —que la designada no cumple con tres de los requisitos de CONEAU para ejercer ese cargo— ya fue debatida y dejada de lado en el ámbito legislativo.

“GRAVE”

“Hay un claro conflicto de poderes entre una decisión de Ejecutivo, avalada por el Senado, que en el primer acto del nuevo gobierno no solo desconoce, sino que avasalla un Acuerdo del Senado. Institucionalmente, es grave, esperamos que se revierta”, indicó el vicerrector.

Resaltó también que, antes de la intervención, solicitaron una audiencia con Poggi “para empezar a trabajar en forma conjunta”. En la mañana del lunes, las autoridades de la casa de estudios se reúnen con senadores para buscar una salida al conflicto.

Amitrano explicó que Poggi tiene la facultad de convocar a sesiones extraordinarias al Senado para revocar el nombramiento de Catalfamo, pero los legisladores del justicialismo, en ese caso, la ratificarían en el cargo.

Además, advirtió que ese Acuerdo de designación tiene la misma validez legal que los nombramientos de jueces y funcionarios judiciales. “La figura es la misma”, recalcó. Y consideró que la única motivación de la intervención “es perseguir gente por lo que piensa, se objeta a la rectora por su ideología política”. (redacción - sanluis24)