Entre el asombro y el fraude. Una mujer se quedó sin la titularidad de su negocio, una pollería ubicado en avenida Norte, cuando descubrió que había pasado a manos de su expareja sin su consentimiento. El irregular procedimiento ocurrió en la municipalidad de Villa de Merlo.

La mujer había concurrido al municipio a completar un trámite por el carné de conducir y de paso preguntó por el estado de cuenta de su negocio para saber si existía alguna deuda. Fue en ese momento que le informaron que ese comercio ya no estaba más a nombre de ella y figuraba a nombre de su ex, del cual se había separado un año antes.

Ante la situación irregular pidió ver la documentación y por dos veces se le negó esa posibilidad. Por esa negativa, la mujer recurrió a una abogada quien envió una carta documento al municipio. Tras esa acción, se le permitió ver los papeles, que ya no son papeles, sino un archivo PDF. Allí pudo ver las planillas y una firma que no era la suya. Con esa firma truchada hicieron el cambio de titularidad con la connivencia de una empleada municipal que permitió y autorizó ese trámite irregular.

Los abogados de la municipalidad María José Alvarez y Pablo Loggia recibieron a la mujer perjudicada y su representante legal, la abogada Antolina Ramallo Chaboux para que subsanen esta irregularidad, pero no lo hicieron. Solo se disculparon por la situación, pero informaron que no podían hacer nada sin una orden del Juez y que la solución requería un proceso legal a través del derecho administrativo. Así mismo, se negaron a cambiar la titularidad y revertir el delito cometido por la empleada.

“Esta situación se ve agravada por el contexto de violencia de género que sufrió mi clienta. Ella hace un año dejó todo y su entonces pareja se quedó hasta con la ropa. Ahora se le quedó con el negocio con una firma falsificada. Es una situación muy complicada la que ella vive”, dijo la abogada Ramallo Chaboux.

Por el acto administrativo irregular que se cometió en el cambio de titularidad con una firma truchada, hay una denuncia penal por “falsificación de firma”, pero además habrá acciones judiciales contra el municipio por “daños y perjuicio”.