Acusaciones de mentiras y desestabilización sacudieron al Concejo Deliberante de Merlo

"Realmente estoy sorprendida de la caradurez de la concejala Miranda". La frase de María José Álvarez marcó uno de los momentos de mayor tensión durante la sesión ordinaria del jueves en el Concejo Deliberante de Villa de Merlo, donde el oficialismo logró aprobar el descubierto bancario solicitado por el Ejecutivo municipal.

El debate estuvo atravesado por acusaciones cruzadas de mentiras, cuestionamientos a la trayectoria política de los concejales y denuncias de presuntas maniobras destinadas a perjudicar al gobierno municipal.

La discusión se produjo durante la primera sesión presidida por Leonardo Rodríguez después de casi dos años como intendente interino. Su regreso al recinto coincidió con una votación que volvió a dividir al oficialismo y la oposición.

EL CRUCE ENTRE ÁLVAREZ Y MIRANDA

Lucía Miranda había cuestionado la legalidad del descubierto bancario y acusado al oficialismo de intentar presentar como una simple operación de caja lo que, a su entender, constituye un crédito. "Déjenle de mentir a la gente", reclamó la concejala justicialista al sostener que el proyecto debía reunir una mayoría de dos tercios para ser aprobado.

Miranda también cuestionó la situación financiera municipal y señaló que existían compromisos impagos con proveedores y bomberos voluntarios. Además, criticó la asignación presupuestaria para comunicación y eventos.

La respuesta de María José Álvarez fue directa. La presidenta del bloque oficialista recordó que Miranda había integrado una administración municipal anterior, a la que calificó como una de las peores de la historia local.

Según Álvarez, aquella gestión dejó empleados sin cobrar y aprobó loteos con irregularidades que, afirmó, todavía son materia de revisión. La concejala radical también acusó a la oposición de mentir sobre la naturaleza de la operación bancaria.

"Mienten, mienten como lo hicieron con la denuncia falsa de usurpación de título y cosas que inventan", expresó durante su intervención.

Álvarez sostuvo que el descubierto no constituye endeudamiento público y desafió a los concejales opositores a llevar el asunto a la Justicia. Incluso manifestó que, por su condición de abogada, estaría dispuesta a intervenir en la defensa jurídica de la medida.

ACUSACIONES DE DESESTABILIZACIÓN

La concejal Patricia Morandé también intervino para defender la autorización bancaria y cuestionó duramente a quienes la rechazaban. Sostuvo que el descubierto es una operatoria habitual de tesorería y atribuyó los problemas recientes a cambios en las exigencias para su utilización.

Luego acusó a la oposición de promover cuestionamientos destinados a perjudicar políticamente a la gestión municipal.

"Son mentiras, de vuelta a las mentiras para desestabilizar, para generar, alterar la paz social, eso es imperdonable", afirmó Morandé.

Álvarez volvió a intervenir con nuevos cuestionamientos hacia los opositores y los vinculó políticamente con Alberto Rodríguez Saá. "Dejen de ser egoístas, dejen de pensar y cumplir órdenes de Alberto Rodríguez A. Basta, córtenla, quieran a la Villa de Merlo", expresó.

EL DEBATE CONTINUÓ DESPUÉS DE LA VOTACIÓN

La tensión también alcanzó al desarrollo de la sesión. Rodríguez puso a consideración una moción de cierre del debate, que fue aprobada por mayoría, y posteriormente sometió a votación el proyecto.

Tras conocerse el resultado de seis votos a cuatro, desde la oposición se escucharon cuestionamientos por la mayoría requerida para aprobar una operación que consideran un crédito.

Las intervenciones continuaron incluso después de la votación. Morandé volvió a defender la legalidad del descubierto, mientras otros concejales reclamaban la posibilidad de responder.

Rodríguez debió pedir reiteradamente que los intercambios se dirigieran a la presidencia y que se evitara el diálogo directo entre los integrantes del cuerpo.

Finalmente, Mauricio Lamas pudo intervenir y leyó cuestionamientos vinculados con la Ley de Contabilidad de San Luis. El concejal de La Libertad Avanza sostuvo que la denominación administrativa de la operación no modifica su naturaleza jurídica y ratificó su voto negativo.

La controversia también tuvo una consecuencia institucional: durante la misma sesión ingresó una solicitud de Lamas para obtener un dictamen técnico sobre la validez jurídica del acuerdo bancario. El pedido fue girado por unanimidad a la Comisión de Economía y Gobierno.