Concejales denuncian un “endeudamiento usurario” y rechazan el crédito municipal

El endeudamiento de $500 millones que impulsa el Ejecutivo de Villa de Merlo volverá este jueves al Concejo Deliberante, pese a que una iniciativa similar fue rechazada el pasado 20 de octubre. Tres concejales de la oposición anticiparon su rechazo y plantearon objeciones reglamentarias y constitucionales para impedir su aprobación.

Lucía Miranda, del Frente Justicialista; Daniel Orué, del Socialismo Merlino; y Ana Laura Ferrarotti, del Colectivo Comechingones, presentaron un dictamen de minoría contra el proyecto que busca autorizar un acuerdo transitorio en cuenta corriente con el Banco Supervielle, mediante un giro en descubierto de hasta $500 millones.

El planteo opositor se apoya en tres cuestionamientos: la posibilidad de volver a tratar una iniciativa ya rechazada, la utilización de financiamiento bancario para afrontar gastos corrientes y el compromiso de recursos de coparticipación como garantía de la operación.

Los concejales Miranda, Orué y Ferrarotti señalaron que la medida demuestra una absoluta improvisación en la administración de los fondos públicos, remarcando que los compromisos operativos deben resolverse mediante una gestión eficiente de los recursos y no sometiendo al Municipio a un “endeudamiento usurario con entidades financieras que compromete los recursos futuros de los merlinos”.

Según los firmantes, el artículo 80 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante impide volver a considerar durante el mismo año legislativo un proyecto que haya sido desechado. Los ediles sostienen que la nueva presentación reproduce una propuesta que no consiguió los votos necesarios en la sesión del 20 de octubre.

El segundo cuestionamiento apunta a la Constitución de San Luis. Miranda, Orué y Ferrarotti invocan el artículo 258, inciso 12, y consideran que la operación bancaria resulta incompatible con las restricciones constitucionales para contraer deudas destinadas a financiar gastos habituales de la administración municipal.

De acuerdo con el dictamen, el dinero solicitado podría utilizarse para pagar salarios, proveedores y contratistas. También se menciona el financiamiento de obras públicas, aunque los concejales advierten que no se identifican los trabajos que recibirían esos recursos.

Otro punto de controversia es la tasa de interés variable prevista para el descubierto. Los opositores cuestionan el costo financiero de la operación y señalan que la garantía estaría constituida por ingresos municipales provenientes de la coparticipación.

EL ANTECEDENTE DEL RECHAZO

La discusión se produce después de la derrota legislativa que sufrió el oficialismo el 22 de octubre, cuando el Concejo Deliberante rechazó tres proyectos de financiamiento que, en conjunto, alcanzaban los $1.900 millones.

Aquella votación dejó expuestas diferencias dentro del cuerpo legislativo y obligó al Ejecutivo a revisar su estrategia para conseguir recursos en medio de las dificultades financieras de la Municipalidad.

En el nuevo dictamen, los tres concejales también cuestionan la planificación económica del gobierno local. Sostienen que las obligaciones habituales deberían afrontarse mediante una administración de los ingresos disponibles y no recurriendo al crédito bancario.

Como alternativa para atender compromisos salariales, mencionan los adelantos de coparticipación provincial, un mecanismo al que, según afirman, la Municipalidad ya recurrió anteriormente.