2026-09-03

En la Cámara de Diputados

San Luis abrió el camino para reformar su Constitución: qué puede cambiar y cómo sigue el proceso

Diputados convirtió en ley la necesidad de la reforma parcial con 30 votos a favor y 13 en contra. Se habilitan cambios en la reelección del gobernador, el sistema electoral, la Justicia, los organismos de control y los Concejos Deliberantes, además de incorporar nuevos derechos. La definición final quedará en manos de una Convención Constituyente de 52 miembros.

San Luis dio este miércoles el paso político necesario para avanzar hacia una nueva reforma de su Constitución.

La Cámara de Diputados sancionó por 30 votos a favor y 13 en contra la ley que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial de 1987. El proyecto ya había obtenido media sanción del Senado el 18 de agosto y alcanzó en Diputados la mayoría especial de dos tercios exigida constitucionalmente.

La distinción es importante: la Legislatura no modificó este miércoles la Constitución.

Lo que hizo fue habilitar el proceso y delimitar los artículos y asuntos que podrán ser discutidos por una Convención Constituyente. La ley aprobada no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo.

El alcance es considerable: quedaron habilitados para su revisión 23 artículos, podrán incorporarse otros 23 nuevos y se contempla la creación de cuatro capítulos. La Convención estará integrada por 52 convencionales elegidos por el voto popular en la próxima elección provincial general.

REELECCIÓN

Uno de los cambios políticos centrales será la posibilidad de modificar el artículo 147 para establecer un límite a la permanencia en la Gobernación.

La propuesta habilitada establece que una persona no podrá volver a ocupar el cargo después de cumplir dos períodos, consecutivos o alternados. El mandato 2023-2027 será considerado como el primero a los efectos de ese límite.

El oficialismo presentó esta modificación como una herramienta destinada a garantizar la alternancia y limitar la concentración del poder.

Ese argumento formó parte central de la defensa del proyecto durante el debate legislativo. La diputada Fabiana Zárate sostuvo que el propósito transversal de la iniciativa es precisamente la "limitación del poder" y evitar la perpetuidad en los cargos.

ELECCIONES

Otro cambio tendrá consecuencias directas sobre el funcionamiento de la política provincial.

La reforma habilita que las cámaras de Diputados y Senadores dejen de renovarse parcialmente y pasen a elegirse en su totalidad cada cuatro años, coincidiendo con la elección de gobernador.

También se propone extender el período de sesiones ordinarias de la Legislatura desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre.

La transición contiene una modificación significativa: los legisladores elegidos en 2025 cuyos mandatos vencían originalmente en 2029 continuarían hasta 2031. A partir de esa elección, ambas cámaras se renovarían íntegramente cada cuatro años.

La propuesta oficial fundamenta la eliminación de las elecciones intermedias en la reducción de costos electorales y la posibilidad de evitar que las administraciones queden atravesadas por campañas cada dos años.

CONCEJOS

El cambio también alcanzará directamente a Villa de Merlo y al resto de los municipios con Concejo Deliberante.

La propuesta establece que los cuerpos legislativos municipales se renueven completamente en la misma elección que las autoridades provinciales, abandonando también el sistema de renovaciones parciales.

De prosperar finalmente esa modificación en la Convención, cambiará la dinámica electoral de los municipios: intendentes y la totalidad de los concejales quedarían sometidos al mismo ciclo electoral de cuatro años.

JUSTICIA

La reforma habilitada alcanza además aspectos centrales del sistema judicial.

Entre ellos aparece la separación del Ministerio Público del Poder Judicial, con una conducción dividida entre la Defensoría General y la Procuración General. También se contempla crear un Consejo del Ministerio Público y un Jurado de Destitución propio.

Se habilitan además cambios en el Consejo de la Magistratura, incorporando representantes de la academia y del Senado. Los concursos deberán producir un orden de mérito y la terna elevada al Ejecutivo tendrá carácter vinculante, aunque podrá apartarse de ese orden mediante una decisión fundada.

Otro punto establece un límite de 75 años para integrantes del Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal de Cuentas, con posibilidad de una nueva designación mediante acuerdo del Senado y propuesta del Ejecutivo.

Ese límite, sin embargo, no alcanzará a quienes actualmente ocupan esos cargos. Se aplicará a quienes sean designados después de que eventualmente entre en vigencia la reforma.

AGUA

Para San Luis, y particularmente para regiones donde la disponibilidad del recurso atraviesa buena parte de la discusión sobre el crecimiento urbano, otro capítulo relevante será el agua.

El texto habilita su reconocimiento constitucional como derecho humano y recurso estratégico y propone que su administración quede en manos de un funcionario técnico designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, con mandato de cinco años.

La intención expresada por los legisladores oficialistas es que la administración hídrica tenga continuidad más allá de los períodos de gobierno.

NUEVOS DERECHOS

La futura Convención también podrá discutir cuestiones inexistentes cuando fue sancionada la Constitución de 1987.

Entre ellas aparecen derechos relacionados con tecnologías e inteligencia artificial, identidad digital, protección de datos frente a algoritmos, conectividad y principios para el uso ético de nuevas tecnologías. También se habilita la incorporación constitucional del hábeas data, el acceso a la información pública y principios de gobierno abierto.

Otro punto permitirá establecer capitales alternas en diferentes localidades de San Luis. Cuando el Poder Ejecutivo y su gabinete sesionen en alguna de ellas, esa localidad será considerada durante ese período capital provincial.

LO QUE VIENE

La sanción de este miércoles cierra la etapa legislativa, pero abre la discusión política más importante.

Serán los 52 convencionales constituyentes elegidos por los ciudadanos quienes deberán debatir y eventualmente aprobar las modificaciones habilitadas por la ley.

Por eso, la elección de convencionales tendrá un peso que excederá ampliamente una competencia entre partidos: de su composición dependerá qué cambios efectivamente se incorporen a la Constitución de San Luis y cuáles queden en el camino.

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