Asambleas socioambientales cuestionaron la pérdida de rango del área de Ambiente en San Luis

Al cumplirse el Día Mundial del Ambiente, las Asambleas Socioambientales de San Luis difundieron un documento en el que manifestaron su preocupación por la reciente reorganización del Estado provincial que redujo el rango institucional del área específica de Ambiente.

Las organizaciones señalaron que la decisión de incorporar esa área al Ministerio de Desarrollo Productivo representa un retroceso en materia de políticas ambientales y advirtieron sobre posibles impactos en el control de actividades vinculadas al uso del suelo, la protección de los bosques nativos, los recursos hídricos y la planificación territorial.

En el documento, las asambleas sostienen que la medida se inscribe en un contexto nacional de flexibilización de regulaciones ambientales y expresan temor por el avance de proyectos extractivos, desmontes y desarrollos inmobiliarios en distintos puntos de la provincia.

Entre los ejemplos mencionados aparecen situaciones vinculadas a La Punta, San Francisco del Monte de Oro, el departamento San Martín y también la Villa de Merlo, donde cuestionan construcciones en sectores considerados sensibles desde el punto de vista ambiental.

Las organizaciones también criticaron la elaboración de herramientas estratégicas como el Plan del Agua, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Energía y la actualización de la Ley de Bosques, al considerar que no existe una participación ciudadana suficiente en esos procesos.

Asimismo, remarcaron que la Secretaría de Ambiente cumple un papel central en la evaluación y regulación de los impactos ambientales de distintos proyectos públicos y privados.

RECLAMOS

Las Asambleas Socioambientales reclamaron el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, el respeto a la Ley General del Ambiente y una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones vinculadas al agua, los bosques nativos y la planificación territorial.

También solicitaron que las áreas encargadas de las políticas ambientales recuperen un rango institucional acorde a la importancia de los desafíos ambientales que enfrenta la provincia.

El documento concluye con un llamado a fortalecer los mecanismos de participación y control ciudadano en las políticas públicas relacionadas con el ambiente.