Imputaron por abuso sexual agravado a un hombre por hechos cometidos en Villa de Merlo

El Juzgado de Garantía N° 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en Santa Rosa del Conlara, dio por formulados cargos contra un hombre de 41 años que es investigado por presuntos delitos sexuales cometidos contra una menor de edad en una vivienda de Villa de Merlo. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2023 y el 20 de mayo de 2024, y la víctima fue identificada con las iniciales A.P.F., resguardando su identidad por disposición legal.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta Silvina Ayelén Argüello imputó al acusado como autor de delitos de alto impacto penal, entre ellos abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia preexistente, abuso sexual simple también agravado por el vínculo y la convivencia, y corrupción de menores agravada por el contexto de convivencia. La Fiscalía sostuvo que se trata de hechos de extrema gravedad, cometidos en un ámbito de intimidad y con una relación de cercanía que facilitaba la continuidad del abuso, un escenario que agrava las penas previstas en el Código Penal argentino.

La querella, representada por el abogado Alcides Becerra, adhirió en su totalidad a la imputación fiscal, al igual que la Defensoría de Niñez y Adolescencia a cargo de María Luz Vílchez, que sostuvo la necesidad de proteger a la víctima y garantizar su seguridad durante la investigación. El imputado optó por abstenerse de declarar, mientras que su defensa, encabezada por el abogado José Oscar Pérez, cuestionó la gravedad atribuida a los hechos y presentó datos familiares y de arraigo con el propósito de evitar la prisión preventiva.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la aplicación de dicha medida cautelar durante 120 días, al advertir riesgos concretos para el avance de la investigación, la posible influencia del acusado sobre la víctima y el potencial entorpecimiento de las pruebas. La defensa consideró ese plazo excesivo y pidió que se contemplaran alternativas menos restrictivas, pero no logró convencer al magistrado.

Tras escuchar los argumentos de todas las partes, el juez Jorge Pinto resolvió imponer una prisión preventiva de 90 días, un plazo inferior al requerido por la Fiscalía, aunque suficiente —según su criterio— para asegurar la correcta tramitación del proceso penal. Asimismo, ordenó el traslado inmediato del imputado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá alojado hasta el 26 de febrero de 2026, fecha prevista de vencimiento de la medida.

La resolución confirma la gravedad del caso y abre un capítulo central en la investigación judicial, que ahora deberá avanzar en la recolección de pruebas y testimonios clave. La situación procesal del acusado queda condicionada a la evolución de la causa, que podría derivar en una imputación definitiva y eventual pedido de elevación a juicio, en función de los elementos que se incorporen durante los próximos meses.