Poggi mediante un decreto puso fin al "Tratado de La Toma"

Se dio a conocer el miércoles a través del recién inaugurado Boletín Oficial digital el Decreto Nº 35-MG-2024, que marca un punto de inflexión en la política provincial al revocar el Tratado de La Toma Contra la Pobreza. Este acuerdo, suscrito durante los últimos compases de la administración de Alberto Rodríguez Saá, comprometía al Gobierno a proporcionar Aportes del Tesoro Provincial (APT) a los municipios para garantizar el cumplimiento del piso salarial de $300.000, estipulado en septiembre del año pasado.

El mencionado decreto argumenta, como uno de sus fundamentos, la necesidad de “no agravar la situación financiera de la Provincia y evitar que las consecuencias adversas recaigan sobre las comunas que integran San Luis". Sin embargo, esta afirmación resulta peculiar, dado que la revocación del tratado plantea serios desafíos para numerosos municipios en la tarea de mantener dicho umbral salarial.

Los argumentos adicionales del decreto señalan que los intendentes, en el marco del Tratado, no asumieron responsabilidades ni obligaciones específicas, convirtiendo la concesión de aportes a los municipios en una “atribución discrecional del Ejecutivo Provincial”. Simultáneamente, se destaca la capacidad del Gobernador para “disponer su revocación”.

Este episodio se inserta en el contexto del controvertido Decreto N° 150, cuya constitucionalidad está siendo examinada tanto por la Legislatura como por la Justicia. Este decreto declara la emergencia económica y financiera, una medida que históricamente se adoptaba mediante ley en San Luis y no a través de un decreto, como lo hizo Claudio Poggi.

Los fundamentos del nuevo decreto hacen referencia explícita al mencionado Decreto N° 150, argumentando que se cumplen los requisitos necesarios para revocar los actos en cuestión. Se subraya la “situación de extrema gravedad económica y financiera” detallada en el Decreto N° 150-SGG-2023, y se argumenta la posibilidad de recuperar los fondos destinados originalmente al Tratado de La Toma Contra la Pobreza para hacer frente a la emergencia pública en diversas áreas, incluyendo economía, finanzas, administración, bienestar social, alimentación, salud, educación y seguridad.