Luz verde para la ley de Adopción

Allá por 2011, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, la presidenta de la Nación sostenía que “es fundamental que el Parlamento trate una nueva Ley de Adopción”. “No podemos seguir teniendo esta ley en Argentina”, decía Cristina Kirchner. El anuncio naufragó y los años pasaron sin que el Ejecutivo enviara un proyecto para reformar la norma actual.

La ley actual, la 24.779, fue incorporada en 1997 al viejo Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield; el mismo código cuya reforma y actualización está planchada desde el 28 de noviembre del año pasado, cuando el Senado le dio media sanción.

Una fuente oficialista de primera mano había garantizado ante Parlamentario que el debate por esa importante iniciativa avanzaría una vez culminado el receso de invierno, pero los proyectos de tinte económico y político enviados por el Ejecutivo fueron desplazando al nuevo código de la agenda parlamentaria.

Sin embargo, después de casi un año de cajoneo, el oficialismo decidió destrabar la discusión y sancionará este nuevo cuerpo normativo el miércoles 1º de octubre, en un giro que sorprendió a más de un legislador, y que no estaría del todo ajeno a la última reunión entre la presidenta y el papa Francisco en el Vaticano.

De todos modos, el artículo 7 del nuevo código aclara que comenzará a regir a partir del 1º de enero de 2016: de ahí la urgencia inicial de algunos diputados por extraer el título referido a la adopción para sancionarlo como ley antes de esa fecha.

Facilitar el camino a la adopción a los padres es solo uno de los ejes de la reforma legal. La norma vigente no se encuadra dentro de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ni tampoco a la Convención de los Derechos del Niño. Por eso, además de simplificar este régimen para los adoptantes, el proyecto aprobado en el Senado prioriza el interés del niño por sobre el de los adultos comprometidos, incorporando el derecho a ser oído, a que su opinión sea tenida en cuenta “según la edad y el grado de madurez”. El niño también tendría derecho, siempre que lo requiera, a conocer su verdadera identidad y a preservar el vínculo jurídico con su familia biológica.

Por otra parte, la reforma no realiza diferencias en relación al sexo de los adoptantes, con lo que le da la posibilidad de adoptar a solteros, solteras y parejas casadas o convivientes, tanto heterosexuales como homosexuales.

El proyecto también busca eliminar la práctica extendida de las guardas extrajudiciales o “guardas de hecho”, cuando la familia biológica entrega al niño a sus futuros adoptantes sin la intervención judicial previa, intentando agilizar así el camino de la adopción. En estas guardas al margen del sistema oficial, los padres adoptantes se presentan luego ante el juez para convalidar la guarda, ignorando la opinión del niño, algo que se pretende corregir. Además, según la reforma, la guarda debería ser discernida de manera inmediata por el juez que determina la situación de “adoptabilidad”. Su plazo no podría exceder los noventa días.

Fuente: parlamentario.com