Dura derrota para el oficialismo local: rechazaron el endeudamiento de $1.000 millones

El endeudamiento de hasta $1.000 millones que pretendía contratar la Municipalidad de Villa de Merlo fue rechazado este jueves por el Concejo Deliberante. La votación dejó al oficialismo en minoría y representó un fuerte revés político para el intendente interino Leonardo Rodríguez, que había solicitado la autorización para financiar obras públicas y adquirir bienes de capital.

El despacho de comisión número 163 obtuvo cuatro votos afirmativos y cinco negativos. La oposición integrada por Lucía Miranda, del Frente Justicialista; Ana Laura Ferrarotti, del Colectivo Comechingones; y Daniel Orué, del Socialismo Merlino, consiguió sumar a Jorge Cornejo, de Avanzar, y Mauricio Lamas, del espacio libertario.

Durante el debate, Miranda cuestionó la falta de documentación financiera y sostuvo que el Ejecutivo pretendía obtener una autorización sin precisar las obras, sus presupuestos y las condiciones de contratación. Orué advirtió sobre la situación económica municipal y las dificultades para afrontar nuevas obligaciones, mientras que Ferrarotti rechazó comprometer recursos de coparticipación sin conocer previamente tasas, plazos y capacidad de pago.

La presidenta del bloque radical, María José Álvarez, defendió la autorización y sostuvo que el proyecto establecía los destinos del financiamiento. También vinculó parte de las inversiones con el programa provincial Construyendo con Tu Pueblo.

Uno de los momentos decisivos llegó cuando Patricia Morandé propuso incorporar un artículo que obligara al Ejecutivo a regresar al Concejo con un proyecto específico, una vez definidos el banco, las tasas, los montos, las obras y la capacidad de endeudamiento. La moción fue rechazada por cinco votos contra cuatro.

Cornejo anticipó expresamente que no acompañaría el expediente. Lamas, por su parte, cuestionó la falta de proyectos ejecutivos, presupuestos desglosados y condiciones financieras de devolución.

La votación definitiva confirmó la derrota del oficialismo: cuatro votos afirmativos frente a cinco negativos.

El proyecto contemplaba utilizar recursos de coparticipación como garantía de las operaciones financieras, que podían contratarse con una o más entidades bancarias. La autorización solicitada tenía una vigencia de doce meses.