Judicializan la interna radical en San Luis y denuncian irregularidades en la convención partidaria

La disputa por el control de la Unión Cívica Radical en San Luis escaló en las últimas horas y pasó definitivamente del terreno político a los tribunales. El dirigente radical José Riccardo presentó una demanda ante la Justicia Federal para impugnar la conducción partidaria encabezada por Juan Álvarez Pinto y cuestionar la legalidad de la convención realizada recientemente.

Riccardo sostiene que Álvarez Pinto se encontraría en una situación de incompatibilidad para ejercer la presidencia del partido, por lo que solicitó que se declare inválida su designación y, en consecuencia, todas las resoluciones firmadas bajo esa condición, incluida la convocatoria al encuentro partidario.

Si bien el magistrado interviniente rechazó una medida cautelar que buscaba suspender la convención antes de su realización, aceptó avanzar sobre el planteo de fondo. Según explicó el propio dirigente radical, el expediente quedó encuadrado dentro de la ley de partidos políticos, lo que permitiría una resolución en plazos relativamente breves. De prosperar la demanda, todo lo actuado durante la convención podría quedar sin efecto.

La tensión interna también estuvo marcada por denuncias de presuntas irregularidades durante el desarrollo virtual del encuentro. Riccardo calificó la convención como “escandalosa” y denunció maniobras que, según afirmó, alteraron el funcionamiento institucional del partido.

Entre los casos señalados mencionó el de Elena Pastor, convencional de Villa Mercedes e integrante del espacio Identidad Radical, quien —de acuerdo a la denuncia— no habría podido acreditarse ni emitir su voto pese a encontrarse conectada desde el inicio de la sesión. Para el dirigente, esa situación tuvo incidencia directa en el quórum y en las mayorías necesarias para aprobar modificaciones impulsadas por el oficialismo partidario.

En el centro de la controversia aparecen cambios en la carta orgánica de la UCR que, según los sectores opositores, apuntarían a habilitar nuevas reelecciones dentro de la estructura partidaria y eliminar requisitos vinculados a la presentación de declaraciones juradas patrimoniales para candidatos y funcionarios radicales.

Riccardo cuestionó duramente esas iniciativas y planteó una contradicción política dentro del radicalismo puntano. “Mientras acompañan públicamente la idea de limitar mandatos en una eventual reforma constitucional provincial, puertas adentro promueven flexibilizar sus propias restricciones”, sostuvo.

Además, vinculó parte de la interna con sectores cercanos al Gobierno provincial y denunció un “manejo inescrupuloso” de las normas partidarias para sostener intereses sectoriales y personales.

Con el expediente judicial ya en marcha, la definición de la Justicia aparece ahora como el próximo capítulo clave de una crisis que dejó al descubierto las profundas fracturas dentro del radicalismo puntano y que amenaza con profundizar aún más la disputa interna. (Fuente:EDR//Redacción)