Financiamiento Universitario: el Gobierno convocaría a rectores, mientras se gesta una nueva movilización

Desde su sanción, la Ley de Financiamiento Universitario se consolidó como uno de los principales focos de conflicto para el Gobierno nacional, que por estas horas analiza cómo readecuar las cuentas públicas para dar cumplimiento al fallo judicial que exige su aplicación.

Según trascendió, el oficialismo trabaja en una nueva convocatoria a rectores y autoridades universitarias para los primeros días de mayo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita destrabar la situación.

En la Casa Rosada aseguran que en febrero existió un principio de entendimiento impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, que contemplaba una recomposición salarial del 12,3% para docentes y no docentes sobre lo perdido en 2025. Sin embargo, la iniciativa no avanzó en el Congreso, en medio de tensiones políticas.

Desde sectores del oficialismo apuntan contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien responsabilizan por haber frenado el tratamiento del proyecto. En su entorno, en cambio, rechazan las acusaciones y sostienen que las prioridades legislativas responden a la Casa Rosada.

Mientras tanto, puertas adentro del Gobierno reconocen las dificultades para afrontar el costo fiscal de la medida. “Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar”, admitió una fuente oficial, que también deslizó la intención de modificar la ley en el futuro.

En esa línea, la administración presentó un recurso extraordinario a través de la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, con el objetivo de ganar tiempo en medio de un escenario económico complejo, agravado por la inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%.

Otra de las alternativas en análisis es avanzar mediante un decreto, mientras se busca una solución de fondo en el Congreso. “Estamos viendo de intentar arreglar el stock pasado y plantear una nueva discusión legislativa”, confiaron fuentes cercanas al despacho presidencial.

Del lado universitario, crece la inquietud. Las autoridades niegan que haya existido un acuerdo formal con el Ejecutivo y aseguran que en febrero solo recibieron “un aviso”. Además, reclaman la falta de compensación por la pérdida salarial de 2024 y la ausencia de previsiones para 2026.

En este contexto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo recientemente una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para coordinar la estrategia económica y jurídica frente al conflicto.

Con el recuerdo aún vigente de la masiva movilización universitaria de 2024, el Gobierno busca evitar una nueva escalada. Sin embargo, desde el ámbito académico ya anticipan que, si no hay respuestas concretas, podría convocarse a una nueva protesta en los primeros días de mayo. (Con información de Agencia NA)