Conflicto en el Concejo Deliberante de Merlo por la sesión preparatoria

Concejales de la oposición formalizaron una presentación ante la presidencia del Concejo Deliberante de Villa de Merlo en la que manifiestan su desacuerdo con las decisiones adoptadas durante la sesión preparatoria realizada el pasado 4 de febrero. En el documento sostienen que, desde su interpretación, ese encuentro se habría desarrollado en contradicción con la normativa vigente, lo que podría afectar la validez institucional de las resoluciones tomadas.

Los ediles expresaron que la convocatoria no habría respetado plenamente lo establecido en el reglamento interno del cuerpo legislativo, particularmente en lo referido a las condiciones formales necesarias para la realización de este tipo de sesiones. Según plantean, esa situación comprometería la legitimidad de los actos posteriores y abriría un escenario de incertidumbre institucional.

En la sesión, el oficialismo compuesto por cinco ediles, aprobó por mayoría y con ausencia de la oposición, las autoridades para el periodo 2026. Por moción del concejal, Lucas Di Diego, se propuso como presidente del cuerpo al concejal, Leonardo Rodriguez, (en licencia por ejercer como intendente interino); a la concejal, Patricia Morandé como vicepresidenta primera y como segunda a María José Alvarez. 

AUTORIDADES EN DISCUSIÓN Y PEDIDO DE NUEVA CONVOCATORIA

El escrito también deja constancia del desconocimiento de las autoridades proclamadas en aquella sesión, al considerar que su designación no contaría con los requisitos reglamentarios necesarios. Desde ese enfoque, los concejales firmantes sostienen que la institucionalidad del Concejo podría verse afectada si no se revisa el procedimiento.

En ese contexto, solicitaron que se convoque a una nueva sesión preparatoria ajustada a la normativa vigente, con el objetivo de regularizar la situación institucional y evitar futuras controversias legales o políticas.

UN ESCENARIO ABIERTO CON POSIBLES DERIVACIONES JUDICIALES

El documento advierte además que, en caso de no recibir una respuesta favorable, los concejales evalúan acudir a instancias judiciales para garantizar lo que consideran el correcto funcionamiento democrático del cuerpo legislativo. Esa posibilidad introduce un nuevo elemento en el escenario político local, donde la dinámica del Concejo Deliberante suele tener impacto directo en la agenda pública y la gestión municipal.