Polémica política

Escala el conflicto político en Merlo: concejales denunciaron en la justicia “grave vacío institucional”

Los ediles opositores aseguran que el intendente electo, Juan Alvarez Pinto, tiene su licencia vencida desde el 23 de diciembre y, por lo tanto, todas las resoluciones tomadas a partir de esa fecha por el interino carecen de validez legal.
sábado 31 de enero de 2026
Leonardo Rodriguez, intendente interino y Juan Alvarez Pinto, actual ministro de Turismo y Cultura.
Leonardo Rodriguez, intendente interino y Juan Alvarez Pinto, actual ministro de Turismo y Cultura.

Concejales de la oposición de Villa de Merlo radicaron una denuncia judicial para investigar la titularidad de la intendencia ante lo que consideran un “grave vacío institucional”. Los ediles sostienen que el intendente electo, Juan Álvarez Pinto, tiene su licencia vencida desde el 23 de diciembre de 2025 y que el Concejo Deliberante nunca autorizó una prórroga.

La presentación judicial ocurre tras el pedido de informes elevado el jueves, donde los concejales cuestionaron la legitimidad de los actos administrativos de Leonardo Rodríguez. Según la denuncia, Rodríguez continúa firmando resoluciones y decisiones que comprometen al Estado municipal sin un instrumento legal que lo avale como intendente interino.

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PEDIDO DE PRÓRROGA Y SESIÓN EXTRAORDINARIA

Tras la presión opositora, el propio Álvarez Pinto envió una nota al Legislativo para solicitar la extensión de su licencia como ministro de Turismo de la Provincia. En paralelo, Rodríguez confirmó la convocatoria a una sesión extraordinaria para tratar el conflicto.

Los concejales Lucía Miranda (Frente Justicialista), Ana Laura Ferrarotti (Colectivo Comechingones) y Daniel Orué (Socialismo Merlino) firmaron la presentación. Los ediles exigen que el Ejecutivo explique bajo qué normativa se gobierna la ciudad actualmente.

“Merlo no puede gobernarse en la incertidumbre ni al margen de la ley”, sentenciaron los denunciantes, quienes aguardan que la Justicia determine si se incurrió en irregularidades en el ejercicio de la función pública.

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