Estafó a un hombre con discapacidad y se quedó con una vivienda en Chancaní: fue condenada a tres años de prisión condicional

Una maniobra fraudulenta que tuvo como víctima a un hombre con discapacidad intelectual moderada y como escenario una vivienda del oeste cordobés terminó con una condena penal. La Cámara del Crimen y Correccional de la Sexta Circunscripción Judicial, con sede en los Tribunales de Villa Dolores, sentenció a Roxana Elizabeth Godoy (55) a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de “defraudación por circunvención de incapaces”.

El fallo fue dictado el viernes 26 de diciembre de 2025 por la Sala Unipersonal N.º 2, a cargo del juez Carlos Escudero, en uno de los últimos juicios celebrados antes de la feria judicial. La causa expuso cómo la acusada se valió de la situación de vulnerabilidad de Ricardo Montoya, quien no estaba en condiciones de comprender ni realizar actos civiles, para quedarse con una propiedad ubicada en Chancaní, departamento Pocho.

Según quedó acreditado en el debate, el 1 de febrero de 2017 Godoy se presentó junto a la víctima en el Destacamento Policial de barrio Ardiles, en Villa Dolores, donde lo indujo a firmar un supuesto contrato de cesión de derechos posesorios y de propiedad ante un suboficial principal de la fuerza. La operación simulaba como contraprestación el pago de 200 mil pesos y la entrega de un lote en barrio Santa Rita, transacción que nunca se concretó.

Montoya, con severos problemas madurativos —solo cursó hasta segundo año del nivel secundario en el IPEM N.º 354 de Chancaní—, habitaba la vivienda gracias a la autorización de sus tías, Aydeé, María Esther, María Cristina y Nilda del Carmen Tapia, hermanas de su madre y únicas herederas de la propietaria original del inmueble, Cesencia Ercilia Villarreal.

Tras advertir la maniobra y la toma de posesión indebida por parte de Godoy, las hermanas Tapia denunciaron el hecho en abril de 2017 ante el Ministerio Público Fiscal, inicialmente por el presunto delito de usurpación. La investigación fue llevada adelante por la fiscal de Instrucción de Segunda Nominación, María Ferreyra, quien reunió pruebas concluyentes sobre el ardid y la invalidez del contrato, ya que nunca fue otorgado ante escribano público, sino mediante una simple certificación de firmas en una dependencia policial.

El 2 de noviembre de 2023, la fiscal dispuso la citación a juicio de Godoy, y el proceso culminó con la condena. Además de la pena en suspenso, la mujer —con instrucción secundaria incompleta y domicilio en barrio Ameghino Norte de Córdoba Capital— deberá cumplir 150 horas de tareas comunitarias en una institución de bien público, a designar y aprobar por el Juzgado de Ejecución.

En cuanto al inmueble, el juez Escudero hizo lugar al planteo de las herederas y autorizó la “reposición al estado anterior”, ordenando la restitución de la vivienda. El caso dejó en evidencia una grave forma de abuso sobre personas en situación de discapacidad y reafirmó el criterio judicial de protección frente a maniobras de aprovechamiento y engaño.

(Fuente: La Otra Mirada//Redacción)