Este lunes se realizó la audiencia de imputación de cargos, en función del episodio ocurrido la semana pasada. De acuerdo a lo informado por la Fiscal Adjunta, Lorena Ohanian, el hecho que se investiga ocurrió alrededor de las 2.00 de la mañana del 20 de octubre, cuando un llamado al 911 dio aviso de una posible usurpación de viviendas en un barrio social en construcción, ubicado en avenida Mitre, entre calles Úrsula Rivas y Lafinur, de la localidad de Tilisarao.

A raíz de ello, el capataz y el sereno de la obra se presentaron en el lugar, y constataron que mujeres con hijos e hijas menores de edad habían ingresado en las viviendas luego de violentar las puertas de ingreso.

Alrededor de las 2:30 de la madrugada, el jefe de la Comisaría N°23 de Tilisarao, Edgar Guzmán, junto con personal a su cargo, realizó un recorrido por el predio, y pudo establecer contacto con una de las ocupantes quien les manifestó que, junto con un grupo de madres, habían dispuesto tomar las viviendas por encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Efectivos policiales realizaron una inspección en el lugar, en donde encontraron un pedazo de poste de hormigón con una media en su extremo, “que es el elemento que usaron para violentar las puertas y poder ingresar a las viviendas”, indicó la representante de la fiscalía.

Ese mismo día, en horas de la mañana, la Fiscal actuante, Débora Roy Gitto, junto con Ohanian y la Licenciada en Trabajo Social, Carolina Barroso -perteneciente al Cuerpo Profesional Forense de la Tercera Circunscripción-, se presentaron en el lugar a los fines de constatar la situación informada por la policía.

Las funcionarias ingresaron a los domicilios, se entrevistaron con cada una de las ocupantes, quienes les manifestaron sus circunstancias particulares y ratificaron que, por tales motivos, se encontraban ocupando ilegalmente los inmuebles. Todas ellas tienen residencia en Tilisarao.

La denuncia fue realizada por Pablo Andrés Dermechkoff, en representación de la empresa Flama S.R.L., que es la adjudicataria de la licitación pública para la construcción de 15 viviendas pertenecientes al Programa: Casa Propia-Construir Futuro.

En la mañana del viernes 21, tuvo lugar una audiencia de solicitud de medida cautelar en el Juzgado Multifuero, ante el Juez de Garantía, Jorge Osvaldo Pinto, quien ordenó el desalojo de las viviendas en un plazo de 12 horas.

Ese mismo día, por la tarde, las representantes del Ministerio Público Fiscal notificaron personalmente a las mujeres denunciadas, a fin de consensuar que abandonaran el lugar de manera voluntaria. Aproximadamente a las 23.00 comenzó el proceso de desalojo, que culminó alrededor de las 3.00 de la madrugada del sábado 22. Todas las ocupantes se retiraron de manera voluntaria.

Luego de relatar los hechos, la fiscal Roy Gitto efectuó la correspondiente formulación de cargos, imputando a cada una de las denunciadas el delito de usurpación, previsto en el artículo 181 del Código Penal, por haber resultado afectado el bien jurídico protegido, que es la propiedad, en perjuicio de la empresa Flama S.R.L.

Asimismo, solicitó al Juez de Garantía un plazo de 60 días para terminar de recepcionar testimoniales y efectuar las medidas pendientes de producción. Requirió, además, que las encausadas firmen el libro de imputados en la Comisaría de Tilisarao, del 1 al 10 de cada mes, inter dure el proceso; y que, la primera vez que concurran a la dependencia policial, registren sus huellas dactilares a efectos de determinar la existencia de antecedentes penales.

La Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces de la Tercera Circunscripción, Gabriela L´Huillier, quien interviene en representación de las y los menores involucrados; comunicó que, al tomar conocimiento de la situación, se contactó con integrantes del Programa de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, perteneciente al Poder Ejecutivo provincial, quienes se hicieron presentes en el lugar y han estado trabajando con cada una de las denunciadas y su grupo familiar. A su vez, informó que solicitó medidas de protección para sus representados a través del Juzgado de Familia con asiento en Concarán, a cargo del juez Carlos Hugo Orozco. “Es allí donde este Ministerio Público continuará solicitando las medidas pertinentes para el resguardo de los menores”, señaló la Defensora.

A su turno, el representante legal de la empresa damnificada manifestó que acompañaba en su totalidad la formulación de cargos efectuada por el Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, la abogada Antonella Muñoz, quien asumió en ese acto la defensa de las imputadas, refirió que presentará las pruebas correspondientes por separado y de manera escrita.

Las ocho mujeres imputadas hicieron uso de su derecho a declarar y expresaron que incurrieron en tal delito por un estado de necesidad, para poder ofrecerle una vivienda digna a sus hijos e hijas.

Luego de escuchar a las partes, el juez Pinto resolvió tener por formulada la imputación de cargos en contra de las denunciadas por el delito de usurpación (artículo 181 del Código Penal), quienes deberán presentarse del 1 al 10 de cada mes a firmar el libro de imputados en la Comisaría N°23 de Tilisarao, inter dure el proceso, registrando sus huellas en la primera oportunidad para solicitar informe al Registro Nacional de Reincidencia. Asimismo, deberán cumplimentar las pautas de conducta establecidas por ley, hasta tanto se resuelva su situación procesal.

SL24