Se trata de una nueva tecnología que el Gobierno nacional que se facilitó a las provincias en el marco del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y se utiliza por primera vez en San Luis.

La causa pionera del dispositivo es una denuncia formulada por una mujer contra su expareja por lesiones leves doblemente calificadas por mediar violencia de género y por haber mantenido relación de pareja en concurso real con amenazas e incumplimiento de una orden judicial (violación de una orden de restricción perimetral).

De acuerdo a datos que se desprenden de la investigación, el imputado golpeó a la denunciante en la puerta de su domicilio, donde la intervención de una vecina y los gritos de auxilio de la víctima hicieron que el agresor se escapara del lugar.

El acusado estuvo en prisión preventiva desde el 26 de julio hasta el 14 de octubre, donde, en una audiencia realizada en horas de la mañana, el Fiscal de Instrucción N° 1, Emmanuel Sastre y el Fiscal Adjunto, Juan Pablo Díaz Estopiñan, en conjunto con la abogada de la víctima, Carla Salomón (letrada de Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad), solicitaron al juez Montiveros Chada que autorice la colocación del sistema electrónico dual.

Los dispositivos constan de dos rastreadores: uno tipo celular, destinado a la persona en situación de violencia, y una tobillera para el agresor, que funcionan vinculados bajo el sistema de geoposicionamiento que permite una limitación de acercamiento según los metros de restricción impuestos por el Poder Judicial.

Además de colocarle la tobillera al agresor en el Servicio Penitenciario Provincial, y el correspondiente dispositivo a la víctima a fin de asegurar su integridad física, Montiveros Chada ordenó una medida de restricción de 500 metros por un plazo mínimo de seis meses.

(San Luis24)