nuevo conflicto en el Concejo

Tres concejales cuestionan el nuevo pedido de endeudamiento de Álvarez Pinto

Los ediles, Lucía Miranda, Ana Laura Ferrarotti y Daniel Orué sostienen que la solicitud de un descubierto bancario por $500 millones vulnera la Constitución de San Luis y el reglamento legislativo. Advierten que se intenta reabrir una discusión que ya había sido resuelta con el rechazo de una operación financiera similar.

El regreso de Juan Álvarez Pinto a la intendencia de Villa de Merlo reactivó la controversia por el endeudamiento municipal. Tres concejales de la oposición cuestionaron el nuevo proyecto presentado por el Ejecutivo para obtener un descubierto de hasta 500 millones de pesos en el Banco Supervielle, con una tasa de interés variable.

Lucía Miranda, del Frente Justicialista; Ana Laura Ferrarotti, del Colectivo Comechingones; y Daniel Orué, del Socialismo Merlino, difundieron un comunicado conjunto en el que sostienen que la iniciativa vulnera disposiciones de la Constitución provincial y del Reglamento Interno del Concejo Deliberante.

El planteo aparece después del revés político que sufrió el oficialismo el 22 de octubre, cuando el cuerpo legislativo rechazó tres proyectos de financiamiento impulsados durante el interinato de Leonardo Rodríguez, que contemplaban operaciones por hasta 1.900 millones de pesos.

Según los ediles, la nueva solicitud reproduce una operación que ya fue desestimada por el Concejo, aunque ahora contempla un monto de 500 millones de pesos y una tasa variable.

EL CUESTIONAMIENTO LEGAL

Uno de los principales argumentos de los concejales se apoya en el artículo 80 del Reglamento Interno, establecido por la Ordenanza Nº X-1087-C.D.-2022. De acuerdo con su interpretación, esa disposición impide volver a tratar durante el mismo año legislativo un proyecto que haya sido rechazado.

Los firmantes consideran que modificar el número de expediente, la denominación de la iniciativa o la autoridad que la presenta no sería suficiente para habilitar nuevamente su tratamiento. Sin embargo, esa interpretación no cuenta, hasta el momento, con una resolución institucional que determine la invalidez del nuevo expediente.

El segundo cuestionamiento apunta al artículo 258, inciso 12, de la Constitución de San Luis. Los concejales sostienen que esa norma prohíbe recurrir al crédito público para financiar gastos corrientes y consideran que un descubierto bancario destinado a cubrir necesidades de funcionamiento municipal podría contradecir esa disposición.

También advierten sobre el costo financiero de una operación con tasa variable, debido a que los intereses podrían modificarse durante la vigencia del acuerdo con el Banco Supervielle.

RECLAMAN EXPLICACIONES SOBRE LOS FONDOS

Los tres representantes opositores plantearon, además, que el Ejecutivo debería explicar por qué insiste con el financiamiento bancario en lugar de explorar otros mecanismos, como los anticipos de coparticipación provincial.

"Existen fondos que ya fueron enviados por la Provincia para obras y herramientas legales previstas, como los anticipos de coparticipación. El Ejecutivo municipal debe dar explicaciones acerca del uso de los fondos", expresaron en el comunicado.

La declaración también reclama que se priorice la regularización de las cuentas municipales, el cumplimiento de las obligaciones salariales y el pago de bonos que, según los concejales, permanecen pendientes.

El pronunciamiento se produce después de una crisis financiera que incluyó demoras en el pago de salarios a funcionarios y dificultades para afrontar compromisos con proveedores durante la gestión interina.

Te puede interesar