“Opereta” vs “vacío institucional”: el conflicto político salta al Concejo y recalienta la agenda en Merlo

El conflicto por las licencias del intendente Juan Álvarez Pinto dejó de ser un expediente judicial cerrado para convertirse en una disputa política abierta dentro del Concejo Deliberante. Lo que el oficialismo da por terminado tras el archivo de la denuncia penal, la oposición lo mantiene vigente bajo otro enfoque: el institucional.

Desde el interbloque oficialista la posición es directa. Sostienen que la Justicia ya resolvió el tema al desestimar la denuncia por inexistencia de delito y acusan a la oposición de intentar sostener el conflicto en otro terreno. “Cuando la Justicia no confirma sus acusaciones, inventan una nueva instancia”, señalaron, en un comunicado en el que califican la situación como una “opereta política”.

Del otro lado, la respuesta es igual de firme. Los concejales opositores plantean que el archivo judicial no implica una validación de lo actuado, sino que la Fiscalía consideró el caso como una cuestión política y no penal. Por eso, insisten en que corresponde al Concejo analizar lo ocurrido y avanzar en una investigación institucional.

En ese marco, sostienen que existieron irregularidades concretas. Mencionan una licencia del intendente con plazo determinado que, según su interpretación, venció en diciembre de 2025, un período posterior sin respaldo normativo que describen como un “vacío institucional” y una resolución aprobada en febrero que, aseguran, buscó regularizar la situación de manera forzada.

ENFRENTAMIENTO VERBAL

La tensión se trasladó a la última sesión del Concejo Deliberante. Allí, la oposición denunció que se le negó el uso de la palabra y que el oficialismo rechazó el tratamiento de un proyecto para crear una comisión investigadora. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que se intenta utilizar el ámbito legislativo para prolongar un conflicto que, a su entender, ya fue resuelto en la Justicia.

El cruce deja expuestas dos lecturas completamente opuestas sobre un mismo hecho. Para el oficialismo, el tema está cerrado y lo que sigue es una estrategia política para mantenerlo en agenda. Para la oposición, en cambio, el archivo judicial no alcanza y el caso requiere control institucional y revisión dentro del propio Concejo.

Por ahora, la discusión se mantiene principalmente en el plano político. Más allá de la intensidad de los comunicados y del debate dentro del recinto, el tema todavía no aparece con la misma fuerza en la agenda cotidiana de los vecinos, lo que abre otra lectura posible sobre su impacto real en la comunidad.