Lucia Miranda dejó expuesta a la presidenta del Concejo Deliberante

La aprobación unánime del expediente que habilita la donación de tierras para la construcción de viviendas sociales en el barrio Los Troncos no alcanzó para disimular el trasfondo político que emergió durante la sesión del jueves en el Concejo Deliberante. Lejos de clausurar el tema, el tratamiento dejó al descubierto tensiones acumuladas y expuso fisuras en la argumentación oficial.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo municipal, tiene como objetivo regularizar la cesión de terrenos al Gobierno provincial para avanzar con el plan habitacional “Tenemos futuros”, que contempla la construcción de unas veinte viviendas. Sin embargo, el punto de conflicto no residió en el destino de las tierras, sino en la secuencia de decisiones que precedieron al tratamiento legislativo.

LA OBJECIÓN: TIEMPOS INVERTIDOS Y FUNCIONES DESDIBUJADAS

Tras la lectura del despacho, la concejal Lucía Miranda (Frente Justicialista) cuestionó el momento en que el expediente llegó al recinto. Señaló que las obras en el sector ya se encuentran en ejecución desde hace semanas, lo que —según sostuvo— invierte el orden institucional esperado: primero la decisión política, luego su formalización administrativa.

Miranda fue cuidadosa en delimitar su posición: no objetó la política de acceso a la vivienda social, pero sí el procedimiento. En ese marco, advirtió que la demora en la regularización coloca al Concejo en una posición subordinada, reduciendo su intervención a la mera convalidación de decisiones ya adoptadas, como si se tratará de una “escribanía”.

UN ANTECEDENTE QUE REAVIVA EL CONFLICTO

El concejal vinculó esa crítica con un episodio reciente que había generado inquietud en el barrio Los Troncos: el avance de maquinaria durante un fin de semana para desmontar terrenos sin comunicación previa a los vecinos. La explicación oficial llegó días después, cuando se informó que el sector estaría destinado al plan habitacional.

En ese contexto, Miranda recordó que, ante los reclamos, se comunicó con el entonces secretario de Ambiente, Francisco Leiva, quien habría manifestado desconocer lo ocurrido. Esa afirmación fue puesta en duda y derivada en la presentación de un pedido de informes por parte de la oposición, aún sin resolución pública.

LA INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENCIA Y SU EFECTO

La respuesta institucional llegó de la mano de la presidenta del cuerpo, Patricia Morandé, quien cedió momentáneamente la conducción de la sesión para intervenir en el debate. Su argumento buscó desplazar el eje de la discusión: sostuvo que la regularización de esos loteos debió haberse concretado entre 2011 y 2012 en adelante, durante administraciones anteriores.

La explicación, sin embargo, abrió un nuevo frente. Miranda le recordó a Morandé que ella integraba en esos años aquel gobierno en calidad de secretaría de Gobierno durante la intendencia de Gloria Petrino, lo que introdujo una dimensión adicional: la responsabilidad compartida en la demora que ahora se invocaba como justificación.

El intercambio no solo tensó el clima del recinto, sino que dejó expuesta una inconsistencia difícil de eludir: la apelación al pasado como argumento exculpatorio terminó por comprometer a quien lo formulaba.

El expediente fue finalmente aprobado por unanimidad, garantizando la continuidad administrativa del proyecto. Sin embargo, la votación no logró disipar las preguntas que atravesaron la sesión.

Por un lado, quedó en evidencia la incomodidad del oficialismo al sostener públicamente sus posiciones cuando el debate abandona la formalidad y exige reconstruir decisiones previas. Especialmente, cuando Miranda toma la palabra.

Por otro, volvió a hacerse visible una constante menos estridente pero igualmente significativa: la ausencia de intervenciones de varios concejales, cuya falta de exposición en el recinto configura, en sí misma, una forma de posicionamiento. Es que a varios no se le conoce la voz.