Cota 1100 en Merlo: legisladores de la oposición reclaman audiencia a Poggi

El diputado provincial Walter Pollo y la concejal Lucía Miranda, ambos del frente Justicialista, junto a los concejales Ana Laura Ferrarotti (Colectivo Comechingón) y Daniel Orué (socialismo merlino), solicitaron formalmente una audiencia urgente con el gobernador Claudio Poggi para que defina la posición del Gobierno frente a la discusión sobre las construcciones en la sierra de los Comechingones.

El pedido busca determinar si las recientes declaraciones del ministro de Turismo, Juan Álvarez Pinto, reflejan la postura oficial del Ejecutivo provincial. Durante una audiencia pública, el funcionario planteó la posibilidad de flexibilizar las restricciones urbanísticas entre las cotas 1000 y 1100, argumentando que podría generar oportunidades vinculadas al desarrollo turístico.

Los legisladores consideran necesario aclarar esa posición debido al impacto ambiental y territorial que tendría cualquier modificación en esa franja de la sierra.

CONTRADICCIONES DENTRO DEL OFICIALISMO

Quienes impulsan el pedido de audiencia sostienen que existe un “doble discurso” dentro del espacio político oficialista.

Recuerdan que el 17 de febrero, el frente Ahora San Luis de Villa de Merlo había difundido un comunicado en el que definía a la cota 1100 como un límite moral y ambiental que no debía modificarse.

Sin embargo, pocos días después, el ministro Álvarez Pinto propuso revisar las restricciones vigentes entre las cotas 1000 y 1100 para permitir emprendimientos inmobiliarios vinculados al turismo.

Esa diferencia de criterios es, según los firmantes del reclamo, el motivo central por el que solicitan una definición política directa del gobernador.

RIESGO PARA EL SISTEMA HÍDRICO DE MERLO

Uno de los principales argumentos del planteo está relacionado con la protección de las zonas de recarga hídrica.

La franja comprendida entre las cotas 1000 y 1100 forma parte del Parque Provincial Presidente Perón, creado por la Ley Provincial IX-0332-2004, cuyo objetivo es preservar el ecosistema de la sierra de los Comechingones.

Según los legisladores, modificar los niveles de protección en esa área podría afectar la zona de infiltración natural que abastece de agua a Villa de Merlo, lo que tendría consecuencias directas para el abastecimiento futuro de la localidad.

También advierten que habilitar desarrollos inmobiliarios en ese sector podría generar un precedente ambiental para otros municipios de la región serrana.

CUESTIONAMIENTOS LEGALES Y ANTECEDENTES NORMATIVOS

El planteo también incluye críticas jurídicas a la posibilidad de flexibilizar las restricciones actuales.

Los legisladores consideran “ambientalmente peligroso” utilizar el llamado fallo Mercau como argumento para modificar el ordenamiento territorial, ya que la zona en discusión ya cuenta con normativa específica de protección.

Además, recuerdan que el Decreto Reglamentario 3220/2011, firmado por el propio gobernador Poggi durante su anterior gestión, estableció medidas de preservación desde la cota 1000 dentro del parque provincial.

Ese marco legal se complementa con el código urbanístico municipal incorporado mediante la Ordenanza 744, que fija distintas categorías de protección para la sierra, entre ellas las zonas T3 y T4.

ADVERTENCIA POR EL IMPACTO REGIONAL

Otro punto señalado por los firmantes del reclamo es que el Parque Presidente Perón constituye un ecosistema lineal que atraviesa ocho municipios de la región de los Comechingones.

Por ese motivo, sostienen que reducir el nivel de protección en un solo municipio podría abrir la puerta a cambios similares en otras localidades, debilitando el esquema de preservación ambiental existente.

POSIBLE INTERVENCIÓN DEL COFEMA

Ante lo que consideran un desconocimiento de la Ley Nacional de Bosques Nativos y de la normativa provincial, los legisladores adelantaron que solicitarán la intervención de la Secretaría de Ambiente de San Luis.

También anticiparon que notificarán la situación al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) para que tome conocimiento del conflicto.

En la nota dirigida al gobernador Poggi, los firmantes sostienen que es imprescindible saber si las expresiones del ministro “representan la visión oficial y la voluntad política del Gobierno provincial”, ya que un funcionario de ese rango actúa como representante directo de la gestión.