Convocan a audiencia pública bajo la sombra del fallo Mercau

La Sesión Extraordinaria del Concejo Deliberante de Villa de Merlo, realizada ayer, dejó algo más que la aprobación unánime de la convocatoria a una Audiencia Pública para debatir el nuevo Código de Ordenamiento Urbano Territorial. Bajo la formalidad institucional, comenzaron a asomar tensiones políticas, advertencias judiciales de enorme peso y un debate que, aunque todavía incipiente, anticipa que el futuro urbanístico de la ciudad estará atravesado por algo más que criterios técnicos.

Con la presencia de todos los bloques y presidida por la titular del cuerpo, Patricia Morandé, el Concejo aprobó por unanimidad el Proyecto de Resolución para convocar a la Audiencia Pública y el Proyecto de Comunicación al intendente Leonardo Rodríguez en referencia a la Nota Recibida N°350-C.D.-2025, vinculada al Plan de Ordenamiento Territorial. Según lo resuelto, la audiencia comenzará el 27 de febrero de 2026 y las inscripciones quedarán habilitadas formalmente a partir de la próxima semana.

Durante el debate tomó la palabra la concejal María José Álvarez, presidenta del bloque oficialista, quien sorprendió por un tono sensiblemente más moderado que en intervenciones anteriores. La edil eligió un discurso enfocado en resaltar la participación ciudadana como una herramienta que —según expresó— el gobierno municipal siempre ha promovido y defendido. Enumeró obras realizadas en Merlo con intervención vecinal y sostuvo que la audiencia pública es un instrumento clave para discutir un nuevo ordenamiento territorial.

Sin embargo, el eje más delicado de su exposición llegó cuando hizo referencia a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ordenanza 744 y ordenó indemnizar a la familia Mercau por la confiscación de unas 200 hectáreas ocurrida hace dos décadas. Se trata de una sentencia que, tal como se conoció oportunamente, fue publicada en primicia por Infomerlo y de la que tomaron conocimiento incluso legisladores y funcionarios municipales a partir de esa difusión.

Ese fallo, que implica una potencial erogación económica considerada impagable para las arcas municipales, sobrevuela hoy cualquier discusión sobre el ordenamiento territorial. No se trata de un dato menor: la necesidad de dar respuesta a esa condena judicial podría incidir de manera directa en la futura modificación de índices urbanísticos y en la habilitación de usos del suelo que permitan, de algún modo, viabilizar una salida al conflicto, incluyendo la posibilidad de urbanizar o comercializar parte de esas tierras. La audiencia pública se desarrollará, en este contexto, bajo una verdadera “espada de Damocles” que condiciona el debate y anticipa que las decisiones no serán únicamente técnicas ni neutras.

CUESTIONAMIENTOS

Desde la oposición, la concejal del Frente Justicialista, Lucía Miranda, coincidió en la importancia de la participación ciudadana y acompañó la convocatoria, pero introdujo dos cuestionamientos centrales. Por un lado, puso en duda la fecha elegida —27 de febrero— al considerar que, con la temporada turística aún en marcha, muchos vecinos podrían no enterarse o no estar en condiciones de participar. Por otro, interpeló el discurso del oficialismo sobre la apertura a la participación al señalar que, contando Merlo con la Universidad Nacional de los Comechingones y con la Facultad de Turismo y Urbanismo, no se les otorga un rol protagónico en los debates técnicos de este tipo.

El cierre del intercambio quedó a cargo de la presidenta del Concejo, Patricia Morandé, quien defendió la fecha de la audiencia al sostener que “es prácticamente marzo” y que la temporada alta ya estará concluyendo. También remarcó la relevancia de la participación de vecinos y técnicos. Su intervención, no obstante, volvió a exponer una práctica que no es nueva: desde la presidencia del cuerpo, y por fuera del rol estrictamente reglamentario de conducción, ingresó al plano argumentativo en un debate político, en un contexto en el que ningún otro concejal del oficialismo salió a responder los planteos de la oposición.

Finalmente, los proyectos fueron aprobados por unanimidad. Pero más allá del resultado formal, la sesión dejó planteado un escenario complejo: la discusión sobre el nuevo ordenamiento territorial de Villa de Merlo se abrirá en audiencia pública atravesada por un fallo judicial millonario, por la necesidad de redefinir el uso del suelo y por un debate político que recién comienza, pero que promete ser uno de los más sensibles de los próximos meses.