Córdoba
Un domingo para mirar el mapa fiscal: Llaryora apuesta a un 2026 de menos impuestos y más actividad
En una semana marcada por tensiones entre Nación y provincias, Martín Llaryora eligió enviar un mensaje político nítido: Córdoba no solo administrará la escasez, sino que intentará crecer bajando impuestos. Y lo hará a lo grande. El Plan de Reducción de Impuestos 2026, presentado por el gobernador y enviado a la Legislatura, propone dejar $900.000 millones en manos del sector privado —equivalente a USD 600 millones— en un momento donde la macroeconomía nacional navega entre recesión inducida y promesa de rebote.
El dato no es menor: mientras el Gobierno Nacional proyecta un crecimiento del 6% para el próximo año, Córdoba se prepara para acompañar ese supuesto repunte con un presupuesto expansivo hacia el sector productivo, pero contractivo hacia las arcas del Estado. Llaryora lo definió como un “presupuesto que cuida a los cordobeses, fortalece la producción e implementa un importante plan de reducción impositiva”. En términos políticos, un reposicionamiento claro dentro del mapa federal: más alivio y más incentivo, aun a costa de resignar recursos.
Ingresos Brutos: el corazón del anuncio
El punto más disruptivo está en el impuesto con mayor peso recaudatorio: Ingresos Brutos. Allí el Gobierno provincial propone una reducción histórica:
- Baja del 30% en la alícuota a pequeños comerciantes, que pasarán del 3,5% al 2,5%.
Beneficiará al 64% del comercio cordobés, un universo de miles de pymes que viene golpeado por la caída del consumo. - Alícuota CERO para empresas que facturen menos de $3.200 millones y reinviertan el 1,2% de sus ingresos.
Una señal directa hacia la industria y la economía real, con la expectativa de sostener empleo y capacidad instalada. - Beneficios focalizados:
Exenciones de hasta 100% para quienes inviertan en el Noroeste y Sur-Sur provincial, Alícuota 0 para educación y salud, agricultura, industria promovida e incluso créditos hipotecarios.
El Estado provincial dejará de recaudar $450.000 millones, que —según el oficialismo— “pasarán directamente al circuito productivo”. Una apuesta riesgosa pero estratégica: resignar recursos para ganar tracción económica.
Inmobiliario Urbano: alivio real sobre el bolsillo
Otro de los ejes centrales es el Impuesto Inmobiliario Urbano, donde el Gobierno promete no aumentar la carga real. La actualización será del 29%, igual a la inflación proyectada, pero la mayoría incluso pagará menos:
- 41% de los contribuyentes tendrá reducciones nominales de hasta 25%.
- 11% pagará lo mismo que en 2025, pero en términos reales será una baja del 29%.
- 27% tendrá subas menores al 29%, lo que también se traduce en una reducción real.
Además, 175.000 personas e instituciones quedarán totalmente exentas.
Resultado fiscal: $200.000 millones menos de recaudación y un mensaje político claro: “no habrá más presión sobre la propiedad urbana”.
Inmobiliario Rural: acuerdo sectorial y alivio productivo
El tercer pilar —y uno clave en una provincia donde el agro es columna vertebral— es el Impuesto Inmobiliario Rural, que se actualizará según la inflación del sector, con el aval de todas las entidades agropecuarias.
Se mantienen beneficios por Buenas Prácticas Agropecuarias, exenciones a zonas protegidas y un nuevo descuento del 5% para propietarios productores, premiando a quienes trabajan su tierra.
El impacto fiscal asciende a $250.000 millones, que volverán a circular en el interior profundo de Córdoba.
¿El plan más ambicioso en años? Sí. ¿Sostenible? Habrá que ver.
Con esta jugada, Llaryora busca instalar un relato económico-institucional propio: Córdoba crece bajando impuestos, sin caer en la improvisación fiscal. Pero la piedra de toque será doble:
- La macro nacional: si el rebote del 6% no se concreta, el escenario de menor recaudación puede tensar las cuentas provinciales.
- La coparticipación: en un clima de tensión con Nación, resignar recaudación propia es un movimiento audaz, pero también arriesgado.
Sin embargo, este plan coloca a la provincia en un lugar singular dentro del concierto federal: un Estado que decide retroceder para que avance el sector privado, con foco en pymes, comercio, agro e industria. En la lógica cordobesa, más producción es más futuro.
Un mensaje hacia 2026
Lo que Córdoba presenta no es solo un presupuesto. Es un proyecto político-económico a contracorriente: bajar presión, incentivar inversión y “premiar al que produce”. Un modelo que busca diferenciarse y que, de salir bien, podría convertirse en referencia nacional.
El 2026 cordobés, si todo sale como se planifica, será un año de bolsillos más livianos para el Estado, pero más llenos para las familias y empresas. Y un escenario donde la política provincial intentará demostrar que la salida no siempre es por arriba… sino por el costado: bajando impuestos para activar la rueda.