El oficialismo aprobó que funcionarios políticos sean los encargados de evaluar los estudios de impacto ambiental

En una decisión que encendió alarmas entre ambientalistas y sectores de la oposición, el Concejo Deliberante de Villa de Merlo aprobó este jueves una modificación sustancial a la ordenanza 917, vigente desde 2005 y considerada un hito en la gestión ambiental local.

Con los votos de Patricia Morandé, María José Álvarez, Ezequiel Cuello Almena y Ángela Ventura, el oficialismo decidió que la Comisión Evaluadora de Estudios de Impacto Ambiental sea integrada exclusivamente por funcionarios municipales designados por el Ejecutivo.

El nuevo texto establece que dicho organismo estará conformado por el secretario de Ambiente, Producción y Desarrollo Sustentable; el secretario de Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana; los directores de Obras Privadas, Catastro, Control Ambiental y Calidad de Vida; el director de Recursos Hídricos, Infraestructura y saneamiento, y personal técnico de la secretaría de ambiente.

Sin participación ciudadana

La modificación elimina la presencia de organizaciones ambientales, especialistas independientes y audiencias públicas, pilares que daban legitimidad y transparencia al proceso.

Desde la oposición, la concejala Ana Laura Ferrarotti intentó frenar el tratamiento, solicitando que se diera lugar —antes de la votación— a una nota enviada por la agrupación Juvennat, que pedía postergar el debate y abrirlo a la comunidad. Su planteo fue interrumpido por la presidenta del cuerpo, Patricia Morandé, quien en otras sesiones ya había limitado la voz de concejales opositores.

El pedido de Ferrarotti prosperó de manera parcial gracias al acompañamiento del concejal radical Ezequiel Cuello Almena, lo que permitió la lectura del documento ambientalista. Sin embargo, tras un cuarto intermedio solicitado por la concejala, María José Álvarez, el bloque oficialista volvió alineado y aprobó la modificación.

ARGUMENTOS Y ANTECEDENTES

El oficialismo justificó el cambio alegando que la ordenanza vigente “no era operativa” y que las evaluaciones realizadas a nivel provincial demoraban hasta un año. Álvarez responsabilizó por estas demoras al gobierno del exogobernador, Alberto Rodríguez Saá y destacó que, desde la gestión de su hermano, el intendente Juan Álvarez Pinto, se realizan evaluaciones en la ciudad.

El trasfondo político no es menor: el radicalismo, que conduce actualmente la Secretaría de Ambiente provincial, viene de un escándalo interno. A mediados del año pasado, fue despedida la subdirectora de Gestión Ambiental, una militante radical oriunda de San Luis, acusada de direccionar expedientes hacia un único estudio privado para la evaluación de los impactos ambientales. 

CRÍTICAS POR CONCENTRACIÓN DE PODER

Para la oposición, el cambio aprobado pone en riesgo la transparencia y el control ciudadano sobre proyectos que pueden tener un alto impacto ambiental. Ferrarotti y el concejal Gastón Fonseca coincidieron en que la nueva comisión concentrará el poder de decisión en manos del gobierno de turno, sin contrapesos ni participación social.

Pese a estos cuestionamientos, el oficialismo avanzó con rapidez para aprobar el despacho y dar por cerrado el debate, dejando una sensación de oportunidad perdida para fortalecer —y no debilitar— la democracia ambiental en Merlo.