A los tribunales. El pago en cuotas de los salarios de los empleados de la administración pública de San Luis ya no solo se discute en el terreno gremial y político, ahora también será en el judicial. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Defensoría del Pueblo de la Provincia interpusieron en la Justicia este viernes un amparo y medida cautelar para que los 35.000 trabajadores estatales de San Luis cobren su salario en un solo pago y no de manera desdoblada como impuso la gestión de Claudio Poggi. A fines de diciembre, el Gobierno pagó el 50% del sueldo y la mitad restante se abonará el 16 de enero. La misma modalidad se aplicará para el pago de los salarios de enero en caso de que la Justicia no haga lugar a la medida presentada.

“Buscamos una rápida resolución del conflicto que tenemos y que no hay solución por parte del gobierno provincial en esta decisión, que repudiamos de pagar salario en cuotas en nuestra provincia. Este amparo tiene como finalidad solamente el tema salarial, que se pague lo que sea deuda en concepto de salario del mes de diciembre y que para adelante no haya esta cuestión de salarios desdoblados. Necesitamos resolver rápidamente este problema que tienen los compañeros y compañeras del Estado Provincial, de diferentes ministerios, de diferentes regímenes de contratación, que en este momento están realmente en una situación muy complicada”, señaló el secretario general de ATE, Fernando Gatica.

El defensor del Pueblo, Enrique Ponce, explicó que se pidió habilitación de la feria judicial y que la Justicia deberá expedirse a la brevedad. Es de tres días el plazo para que Fiscalía de Estado sea notificada y se haga parte el expediente de la medida cautelar. Por lo tanto, la Justicia debería expedirse la semana que viene.

“ARBITRARIEDAD”

“Lo importante es que la Justicia tome cartas en el asunto, que de manera inmediata se pague lo que está restando de pagar del mes de diciembre, que no se lleva a cabo el de enero, como se ha anunciado públicamente, porque no hay ningún decreto que diga que tiene que ser diciembre y enero. Son manifestaciones públicas por parte del Poder Ejecutivo, que no tienen asidero en el decreto, el decreto dice que lo podrá hacer en el transcurso de un año, cuando lo considere necesario, eso se llama arbitrariedad, eso se llama inconstitucionalidad”, sentenció Ponce.

El defensor mencionó que entre las pruebas presentadas se incluyó la programación financiera de los pagos del 100% salarios de diciembre, que es de $16.000 millones.

“El promedio de la masa salarial está por los $300.000 promedio. Realmente creo que hay que actuar de manera urgente e inmediata. Y además, tenemos, nosotros tenemos mucha confianza en que se haga Justicia conforme a derecho, porque está muy bien fundado, están los argumentos y están las pruebas”, aseguró el defensor.