En un crudo repaso de la desastrosa situación financiera que heredó, el gobernador Claudio Poggi puso en números y a la vista de toda la población los problemas que afrontará San Luis en los próximos meses debido al dispendio irresponsable de fondos y los nichos de corrupción que dejó la administración que abandonó el poder el 9 de diciembre. Entre las medidas extraordinarias figuran en desdoblamiento del pago de los salarios de los empleados públicos y pedir un préstamo de 150 millones de dólares.

El titular del Ejecutivo se refirió primero a las cuentas, que muestran un rojo muy importante y que proyectan aún uno peor para los primeros meses de 2024, más allá de las medidas de austeridad que ya comenzaron a tomarse.

“En 2015 dejé la provincia con 20.317 agentes en la administración y ahora la recibo con 33.757 sin contar entes descentralizados y extrapresupuestarios. La planta creció un 66%. 

Y luego habló de cómo piensa encarar las soluciones para que el sufrimiento de hoy pueda transformarse en esperanza mañana, cuando los responsables del descalabro ya estén ante la Justicia y los números comiencen a estabilizarse, no sin la adopción de políticas muy duras de ajuste, que son estrictamente necesarias.

DÉFICIT OPERATIVO

“La provincia está en déficit, en rojo. Significa que gastó más de lo que ingresó. San Luis hace 4 años que viene con déficit. En 2020 ascendió a $4.172 millones, en 2021 a $9.117 millones, en 2022 a $7.172 millones y el de 2023, con recursos por $456.641 millones y gastos por 581.761 el déficit ascenderá a $125.119.974.433,75”, enumeró Poggi.

Si se analiza solo el 2023, el gobierno pudo constatar hasta el 30 de noviembre un déficit ya acumulado por 87.964 millones de pesos. Si se le suma diciembre, proyectado tal como lo establece el decreto de programación financiera que dictó el gobierno saliente, el rojo alcanza los $37.156 millones para llegar a esos más de 125 mil millones para todo el año.

“¿Cómo se financió ese déficit? Vendiendo los bonos que el Estado había cobrado y lo que recibió de nuestro gobierno en 2015. Si uno analiza la evolución de las reservas en los últimos 8 años, en 2015 cuando finalizamos nuestro gobierno se entregó dinero, que llamábamos fondo anticrisis, por el equivalente a 100 millones de dólares, eran tres nóminas completas de sueldos de la administración pública. Durante ese período, el gobierno saliente cobró un juicio a la Nación, que se ganó durante nuestra administración, por 191 millones de dólares. Es decir, que se dispuso de 291 millones de dólares, además de los ingresos diarios, la coparticipación, los impuestos provinciales. De eso quedaron 16 millones de dólares, que hoy equivale al 60% de una nómina salarial. Es decir, que en 8 años se gastaron 275 millones de dólares y solo quedó un remanente de 16 millones, que no alcanzan ni para pagar sueldos de un mes”, lamentó.

Proyectando a enero, los recursos serán por $48.142 millones, los gastos por $75.288, con lo que el déficit será de 27.146 millones y solo queda un remanente de reservas de 16 mil millones. Con lo cual en enero habrá un faltante de caja de $10.961 millones que impedirá abonar los salarios. Ni hablar en febrero, donde ya no existirán más reservas, con un déficit similar. Si este gasto se proyecta a todo el año, el rojo para 2024 ascenderá a $309.567 millones, “prácticamente la mitad del presupuesto de la provincia”, evaluó el gobernador.

PRIMERAS MEDIDAS

De entrada, el gobierno redujo en 40% la planta de funcionarios, son 600 menos. Y está la decisión de eliminar todo tipo de gastos superfluos. “Se terminan los viajes en aviones privados, los gastos reservados y los entes extrapresupuestarios, de nulo control administrativo y por ende nichos de corrupción y dilapidación de fondos públicos. Los vamos a eliminar”, aseveró.

También se van a revisar todos los contratos de prestadores de servicios del Estado, de salud, educación, seguridad; de toda la administración pública y los entes descentralizados. “Recibimos información, que tenemos que constatar, que se detectaron proveedores que estarían vinculados a funcionarios de la gestión saliente”, deslizó el mandatario puntano.

EMPLEO PÚBLICO Y PLANES SOCIALES

“En 2015 dejé la provincia con 20.317 agentes en la administración y ahora la recibo con 33.757 sin contar entes descentralizados y extrapresupuestarios. La planta creció un 66%. En cuanto a planes sociales, en 2015 la provincia tenía 9.754 beneficiarios y a noviembre de este año son 23.000, un incremento del 136%. Con estas cifras, el Estado, que pagaba sueldos a 30.071 personas cuando dejé el gobierno, ahora debe mantener a 56.757, un 89% más. Es lo que creció el recurso humano en cantidad en los últimos 8 años”, describió de manera cruda Poggi, quien dio una referencia para tomar dimensión del desastre: “En esos 8 años el crecimiento de la población de San Luis, a un 2% mensual, será de un 16%. La nómina del Estado creció un 89%, son cinco veces más”.

Por eso dijo que va a congelar la planta del personal de la administración pública al 30 de noviembre de 2023. “Vamos a revisar todas las contrataciones de personal de los últimos años, que creció exponencialmente, tanto previo a la elección del 11 de junio como luego de la misma. Vamos a revisar todos los cambios de situación de revista y anular todas las reubicaciones de los últimos meses”, describió, con el objetivo de “no tener más ñoquis, ni aprovechados del Estado, ni funcionarios escondidos en reparticiones públicas. Aparecieron todos en los últimos días”.

Para comenzar a reordenar el caos, anunció que hará un censo presencial de empleados públicos, excepto los docentes, que quedarán para más adelante. Será el jueves 21 y viernes 22 de diciembre, en los mismos lugares de trabajo. Lo mismo pasará con los beneficiarios del Plan de Inclusión, aunque en este caso en la última semana del año.

PARQUE AUTOMOTOR

No existe ningún registro, ni el estado, ni su localización, ni su uso. “La información que tenemos es que había un uso indebido de parte de los funcionarios, sus familiares y terceros. Incluso haciéndose pagar la nafta de sus autos particulares con dinero de la administración pública”, contó a la población en su discurso.

La primera decisión es la de hacer un censo y recuperar vehículos y maquinarias usados por particulares y transferidos a instituciones en los últimos días. “También tenemos información de vehículos innecesariamente alquilados a proveedores muy vinculados a funcionarios de la gestión saliente”, acusó, en lo que sería un hecho más de corrupción que no dudó que presentarán en la Justicia.

OBRA PÚBLICA

El Ejecutivo va a suspender las obras públicas millonarias que recibieron adelantos financieros millonarios de la gestión anterior “sin haber puesto ni medio ladrillo”. Con el resto que está en ejecución, aseguró Poggi que se van a “sentar con cada contratista con la misión de conciliar la necesidad de continuar la obra, la preservación de los puestos de trabajo y la realidad financiera del Estado”.

 PAUTA PUBLICITARIA

Quedará suspendida por 4 meses, hasta el 31 de marzo. Se va a establecer a partir de allí un criterio distributivo que garantice transparencia y equidad. “Solo en 2023 el Estado gastó $4.380 millones en concepto de pauta, una barbaridad. Como dato perverso, el grupo Payné, del gobernador saliente, recibió el 29 de noviembre, diez días antes de irse un pago de $126 millones”, denunció.  

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA

“Hoy firmé en acuerdo de ministros un decreto, el número 150, que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, social, sanitaria, alimentaria, educativa y de seguridad por el término de un año”, adelantó el gobernador, quien aseguró que, aun llevando adelante todas estas acciones de austeridad y lucha contra la corrupción, “no cubrimos la totalidad del déficit de $309.567 millones. El descalabro financiero, el uso irresponsable de los fondos públicos y el exceso de gastos hacen que debamos tomar dos medidas más, dolorosas e inéditas en los últimos 40 años”.