El Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) mantuvo un encuentro, el viernes pasado la mañana, con el gobernador Alberto Rodríguez Saá y funcionarios del Gabinete provincial. El encuentro tuvo como objetivo garantizar que los intendentes cumplan con el piso salarial de $300.000 para los empleados municipales, como se estableció en el “Tratado de La Toma para la Lucha contra la Pobreza”.

El Gobierno estableció, a partir de este mes, ese sueldo mínimo para todos los agentes de la administración pública provincial. Y a través del acuerdo con los intendentes, se comprometió a enviar fondos para que los municipales también perciban ese ingreso.

En la reunión del viernes, de la que también participaron los ministros de Hacienda, Eloy Horcajo, y de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena, las autoridades gremiales plantearon que “se logre garantizar que el piso salarial mínimo, de todos y todas las trabajadoras Estatales de San Luis, esté por encima de la línea de pobreza elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC)”.

“Luego de dialogar sobre la letra del Tratado, desde ATE San Luis exigiremos a cada intendente que cumpla con lo establecido en el decreto 8805-MHP-2023; sin hacer ningún tipo de especulación política o uso indebido de los fondos que la Provincia destinará para el pago de haberes de las y los trabajadores municipales”, señaló ATE en un comunicado.

EL CASO DE MERLO

El planteo gremial surgió luego que el intendente de Villa de Merlo, Juan Álvarez Pinto, por ejemplo, decidiera utilizar los fondos que envía la provincia para “el piso salarial” en un bono de $120.000 que percibirán todos los trabajadores, y solo garantizado hasta el mes de diciembre, cuando cambia la gestión del Gobierno provincial.

Esa medida motivó protestas de los trabajadores merlinos, que incluyó suspensión de los servicios básicos durante algunos días de esta semana. En el acta del encuentro entre ATE y el Ejecutivo provincial se sugirió que “para evaluar la correcta implementación del Tratado de La Toma”, los incrementos salariales que otorguen los intendentes se puedan “visualizar e identificar en las respectivas declaraciones juradas mensuales de SICOSS -AFIP- F.931 que los Municipios presentan mensualmente ante la Contaduría General de la Provincia y que posteriormente se comunican ante la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES”. (SANLUIS24.COM.AR - REDACCION)