A la sombra y tras las rejas. Marco Lino Raffaeli fue enviado este miércoles a la cárcel tras dictarse su prisión preventiva por 120 días en la causa calificada como “robo calificado por el uso de arma de fuego y privación ilegítima de la libertad”, hecho cometido en la localidad de Los Molles el pasado 24 de junio y que tuvo como víctimas a un matrimonio de jubilados.

La fiscalía solicitó el máximo de tiempo posible para la prisión preventiva, que puede ser prorrogada, para poder llevar adelante la investigación, avanzar en la toma de testimonios, completar pericias y analizar elementos tecnológicos como filmaciones de cámara de vigilancia del estado y privadas.

Para que sea solicitada la prisión preventiva se deben dar una o dos de las circunstancias previstas por ley. Una es el peligro de fuga del imputado y la segunda el entorpecimiento en la investigación que puede provocar el incriminado si estuviera libre. Para la fiscalía, ambas circunstancias se cumplían en el caso de Raffaeli.

Aunque el acusado, de 37 años, posee domicilio y arraigo en Villa de Merlo, se valoró que tiene los medios como para profugarse. Hasta el propio Raffaeli dijo que el día del allanamiento en su casa del barrio 131 viviendas, su familia se había subido a la camioneta para viajar a Mendoza para un trámite de ciudadanía española. La fiscalía tiene otra interpretación de ese momento y afirmó que buscaba evitar la requisa. 

Sobre el entorpecimiento de la investigación si hubiera quedado libre, era evidente que el incriminado podía influenciar o condicionar a los testigos. Intimidar y sembrar pistar que desvíen la investigación. Además, de aplicar su "modus operandi" de marcar domicilios y amedrentar a testigos con saber dónde viven.

La prisión preventiva concedida este miércoles por el juez de Garantías, Jorge Pinto, significa que durante el tiempo de la investigación y hasta la elevación a juicio, Raffaeli permanecerá detenido en una celda del Servicio Penitenciario Provincial, en la ciudad de San Luis. La medida de coerción fue resistida por la defensa del imputado, representada por los abogados, Guillermo Alfredo Gatica y Carolina Cavallera, quienes adelantaron que apelarán la medida.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Leandro Estrada, la fiscal Débora Antonella Roy Gitto acompañada por el fiscal de Juicio, Mario Néstor Zudaire, y sus colegas, Silvina Argüello y Sandra Aguirre.