El Gobierno provincial prepara cambios en la política de viviendas

Luego de la reunión de Gabinete ampliada realizada en la primera semana de febrero, que fue presidida por el Gobernador de la Provincia y de la convocatoria que hizo el PJ de San Luis a los principales dirigentes del oficialismo, fuentes oficiales dejaron trascender que es idea del Gobierno tomar iniciativa política a partir del cambio de dirección en varias áreas gubernamentales.

Adolfo Rodríguez Saa, presidente del PJ provincial, inició la movida con un pedido formal al Gobierno que encabeza su hermano Alberto, para establecer una especie de amnistía, dijo el Senador nacional, para todos los adjudicatarios de viviendas sociales que pudieran encontrarse en alguna situación irregular. Aunque todavía no se conocen detalles de la iniciativa, se pudo saber que la medida está orientada a consolidar los derechos de las personas que fueron adjudicatarias de viviendas sociales durante la gestión de Claudio Poggi, muchas de las cuales no cumplimentaban los requisitos exigidos por la legislación que reglamenta estos procedimientos.

También se pudo conocer que no obstante lo adelantado por el Adolfo,  el gobernador Alberto Rodríguez Saá encargó a funcionarios de distintas áreas gubernamentales informes pormenorizados orientados a un anuncio mayor que el Gobernador reserva para sí y que consiste en reabrir las inscripciones para los Planes de Viviendas Sociales. Se cree que la medida va a tener gran repercusión en la población que no pudo acceder a viviendas sociales, por lo que la administración de Rodríguez Saá hace cuentas para respaldarlos con la confirmación de un Plan de construcción de nuevas viviendas en toda la Provincia, del que aun no se conoció ninguna información.

Igualmente, y no obstante la "amnistía" pedida por el Justicialismo puntano, SanLuis24 accedió a la información que desde el Programa de Viviendas se le informó al Gobernador sobre casos que por su gravedad fueron puesto en conocimiento del Fiscal de Estado de la Provincia, quien ya habría adelantado su opinión al respecto en relación a que deben ser investigados judicialmente. Se trata de hechos que pueden configurar delitos tanto por parte de los adjudicatarios como de los funcionarios que llevaron adelante estos presuntos procedimientos ilícitos. (sanluis24.com.ar)