Piden intervenir el Centro de Jubilados de Villa de Merlo

Hay un tiempo en la vida donde debe reinar la tranquilidad y la calma, como también la armonía. Sin embargo, esa no es la situación del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales  “Volver a empezar”, que está en conflicto a partir de la última asamblea del 26 de agosto, en la cual se desplazó al entonces presidente, Héctor Fernández y a la tesorera, Estella Maris Fancio. Los dos exintegrantes de la comisión no se han quedado de brazos cruzados y a través de una representante legal, la abogada Dala Sol Torres, han pedido que se nombre un interventor y se realice una auditoría contable.

“Es inaudito lo que sucedió, un atropello. Estas personas (por Fernández y Fancio) fueron destituidos en sus cargos de manera ilegal, a través de una asamblea convocada por radio y viciada de nulidad”, dijo Torres.

Fernández explicó que había asumido sus funciones en abril y a partir de allí se pusieron en marcha una serie de servicios para los socios, que van desde clases de folklore hasta enfermería. Además, se retomaron con “éxito” los bailes de los sábados, con mucha presencia de jubilados. Esa actividad posibilita un ingreso extra para la entidad, que tiene unos 800 socios, de los cuáles están activos “unos 350”. El valor de la cuota es de 20 pesos.

GRAVE

El conflicto es serio, porque hay acusaciones cruzadas y hasta exposiciones en sede policial por “amenazas verbales e injurias”.  Para los desplazados, las gestiones que se están llevando a cabo por los actuales integrantes de la comisión del Centro de Jubilados son opacas. “Es todo oscuro”, dijo Fernández.

La puja por la conducción y la legalidad de las autoridades derivó en el congelamiento de los fondos que el PAMI remite todos los meses para pagar a los profesionales que dan clases, talleres o servicios en el Centro de Jubilados.  Ese dinero no se puede mover del banco donde está depositado y por lo tanto hay personas que no pueden cobrar.

Se espera que ahora actúe Personería Jurídica y dictamine sobre los pasos a seguir. El conflicto no asoma como de resolución sencilla. “Existió una medida arbitraria en contra de Fernández y Fancio y se debe corregir eso, entre otras tantas falencias. Insisto que fue un atropello”, dijo la abogada Torres.