Pérsico a favor de la ampliación de la corte

El senador nacional por el Frente para la Victoria, Daniel Pérsico, visitó Villa de Merlo durante el viernes pasado. El legislador recorrió medios radiales y el mediodía se reunió con militantes y dirigentes de su espacio político, como también de otros sectores afines para analizar la situación política en San Luis.

Pérsico descartó de plano cualquier especulación electoral con miras al 2017 y atribuyó a “operaciones de medios de San Luis”, algunos trascendidos sobre su futuro político. El senador nacional dijo que avanzar sobre el escenario electoral del año que viene sería “desubicado y prematuro”.

CORTE CON PROBOS

El legislador puntano se manifestó a favor de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia y llevar a nueve los miembros. Pérsico se diferenció de su par, Adolfo Rodríguez Saá, sobre la manera de elegir a los nuevos integrantes de la Corte. “Creo que ante todo deben ser personas probas y especialistas y no una elección de personas por regiones”, dijo el senador nacional. Y mencionó que, por ejemplo, Ricardo Gil Lavedra y Alberto García Lema, son para él nombres acordes para ese cargo. Pérsico dijo también que no cree que los dos postulantes propuestos por el Ejecutivo Nacional Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, terminen integrado la Corte.

TARIFAS

En su visita a Villa de Merlo, el senador Pérsico consideró que se deben retrotraer las tarifas de gas a sus antiguos valores, tras el brutal tarifazo que se aplicó. Durante las últimas horas se confirmó que Pérsico presentará una acción de amparo contra los aumentos de luz y gas en la provincia. Así lo anunció el abogado Marcelo Neme, quien trabaja en el escrito que será presentado hoy a última hora o mañana a primera hora.

INQUILINOS

Además, Pérsico destacó su propuesta para una nueva ley de Alquileres en la cual se fija una comisión de solo un mes de alquiler; se comparte los gastos de honorarios y aranceles entre ambas partes; obliga al locador a ofrecer un seguro de garantía; y obliga a registrar los contratos ante el Estado. El proyecto de ley busca evitar “irregularidades”, “abusos” y “proteger” a los inquilinos frente a la “relación desigual” que mantienen con el locador y las inmobiliarias.