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Denuncias

La justicia investiga incendios forestales en Villa de Merlo

Al menos dos denuncias están siendo investigadas por las autoridades. Se trata de siniestros donde se sospecha que fueron intencionales o por accionar imprudente. Las penas van de tres a diez años de prisión.
jueves 01 de octubre de 2015
La justicia investiga incendios forestales en Villa de Merlo

Fuentes judiciales confirmaron que se tramitan al menos dos denuncias en la Justicia Penal, por incendios provocados en Villa de Merlo. Uno de ellos, fue un siniestro que afectó la zona de El Pantanillo. Por esas denuncias, se han solicitado una serie de medidas, para intentar identificar a los sospechosos.

Se podría tratar de incendios forestales que tuvieron origen intencional o se provocaron por negligencia o imprudencia. En ambos casos, la mano del hombre estuvo detrás de los siniestros.  El delito de incendio está tipificado en el Código Penal Argentino. Las penas van de tres a diez años de prisión para quien cause incendio y ponga en peligro común bienes o destrucción.

MULTAS

Hace pocos días se conoció la sanción económica por distintos incendios ocasionados en la provincia. El jefe del Programa de San Luis Solidario, perteneciente al Ministerio de Seguridad, Omar Terc, informó que son cinco las personas que ya fueron debidamente notificadas acerca de las multas que deben abonar por haberse comprobado su responsabilidad en los incendios producidos en el último tiempo en la provincia.

Los propietarios que recibieron la infracción son: de “Casa del niño”, en la localidad de Concarán ($ 55.880); de “La Palmita”, en Papagayos ($ 134.112); del loteo “Jatar”, en la ciudad de San Luis ($ 83.820); del establecimiento “Las Cortaderas” ($ 55.880); y del establecimiento “Nozar” de Fraga ($ 55.880).

“Personal profesional idóneo en la materia comprobó la responsabilidad y culpabilidad de cada una de estas personas, por lo que se labraron las infracciones correspondientes y se enviaron las notificaciones”, manifestó Terc.

La notificación se realizó a través de la cédula correspondiente donde se intima a los infractores a realizar el pago en un plazo máximo de 10 días. Una vez concluido ese plazo, será la Dirección Provincial de Ingresos Públicos quien se encargue de las multas que no fueron abonadas, por medio de sus agentes fiscales.

 

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