UNSL: el refugio de víctimas de violencia alojó a 23 mujeres

Cuando el maltrato y la agresión verbal o física transgreden las fronteras de la estadística y pasan a convertirse en una experiencia personal, hacen que la convivencia pierda todo tipo de garantía. Increíbles e injustas pero reales, son situaciones que con el tiempo se sufren cotidianamente y que los medios de comunicación instalan en la opinión pública, pero que son soportadas por quienes las padecen puertas adentro de la vida privada.

Para ayudar en los casos en los que compartir el mismo techo con el agresor llega al límite de representar una amenaza real, la Secretaria de Extensión  de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), cuenta con el Refugio  para Mujeres Víctimas de Violencia, que brinda alojamiento, asesoramiento legal y asistencia psicosocial en el que participan alumnas avanzadas de la carrera de Psicología.

Actualmente, el albergue es el único ámbito que ofrece tránsito en la provincia, como así también el único del país que está impulsado y patrocinado por una universidad pública. Su coordinación está a cargo de la cátedra de Psicología Jurídica de la Facultad de Psicología.

En los cuatro años ininterrumpidos que lleva de trabajo, el Refugio dio alojamiento a un total de 23 mujeres. Algunas fueron acompañadas de sus hijos, que suman 43 chicos menores de 14 años.

El inicio

La docente de Psicología y coordinadora del Refugio, Mercedes Loizo, dijo que pese a que oficialmente comenzaron a trabajar hace poco más de 15 años, la idea de crear un alojamiento para mujeres violentadas surgió hace más de una década y media. La semilla data de 1998, con el Servicio de Atención a las Víctimas de la Violencia.

“En ese momento dependíamos de la Facultad de Ciencias Humanas y fue el primer servicio de ese tipo que funcionaba en la provincia. Entre los contenidos de enseñanza que tenía Psicología Jurídica empezamos a trabajar en el abordaje victimiológico a partir una experiencia que había comenzado una destacada colega de Córdoba, Hilda Marchiori. Comenzamos a capacitarnos y formarnos con otros importantes profesionales que nos permitieron incursionar más tarde en la atención de pacientes, algo que articulamos con la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Luis”, explicó Loizo.

El servicio de Orientación y Ayuda a las Víctimas de Violencia, que además de la atención a particulares pasó a trabajar con instituciones estatales como el Servicio Penitenciario y con la comunidad en general, tomó distancia del enfoque delictivo para centrarse exclusivamente en los casos que incluían violencia, ya que ésta no siempre se expresa en forma de delito (por ejemplo,  la violencia en el ámbito familiar).

Todo derivó de una necesidad que venía de la década de los ochentas, cuando la provincia comenzó a incrementar significativamente su población a partir de la inmigración de familias enteras, atraídas por la Radicación Industrial.

“La experiencia que habíamos adquirido con el Servicio de Atención nos posibilitó hacer un diagnostico de las situaciones que llegaban a la consulta, fue la base que permitió pensar en la posibilidad de un refugio. Sobre todo se daban hechos de violencia al interior de la familia en los que las víctimas por ser de otros lugares, no tenían una red de soporte como familiares o amigos”, señaló Loizo.

El proyecto

Después de acumular experiencia por casi una década, en 2007 surgió la posibilidad de presentar un proyecto financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación (SPU), a través del Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA), “Un puente entre la universidad y la sociedad”.

Más tarde, a eso se sumaron las recomendaciones de la Ley Nº 26.485 promulgada en 2009, que entre sus postulados estableció como prioritario la “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, que exige al Estado a “promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a las personas que la ejercen”, como así también “garantizar instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia en los casos en los que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente para su integridad física, psicológica o sexual, o la de su grupo familiar, debiendo estar orientada a la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral”.

Pese a que el proyecto del Refugio fue aprobado en 2007, recién comenzó a funcionar tres años más tarde, en 2010, debido a que una de las organizaciones que se había comprometido a colaborar a partir del aporte del inmueble que serviría de tránsito para las mujeres y sus hijos menores de 14 años, se bajó repentinamente, lo que pospuso la puesta en marcha del albergue.

“Eso nos complicó muchísimo porque tuvimos que reestructurar e informar todo el presupuesto que nos había otorgado la Nación. En ese momento tuvimos una coyuntura de decisión: o devolvíamos el dinero porque no podíamos llevar adelante el proyecto, no teníamos la infraestructura necesaria o continuábamos viendo cómo podíamos resolverlo. Nos decidimos por esta última alternativa”, indicó Loizo, quien agregó que recibieron por casi dos años el financiamiento de la Fundación Vamos Juntos para el alquiler de una casa.

Aunque ese aporte resultó indispensable para comenzar con el proyecto, la reestructuración del presupuesto inicial hizo que el equipo de trabajo debiera conseguir otros recursos que daban por descontados, principalmente el amoblamiento y las camas. Para salir adelante, el depósito de la UNSL fue fundamental, ya que la institución contaba con mobiliarios en desuso, principalmente del Jardín Maternal.

Fue así que a mediados de 2010, la Casa Refugio abrió sus puertas, lo que se tradujo en una importante herramienta para la Justicia de San Luis, ya que comenzaron a receptar denuncias provenientes de las distintas comisarías, lo que a su vez sirvió como una importante herramienta para dar visibilidad a un tema que era considerado del ámbito privado familiar.

“Estábamos convencidos de que era indispensable crear este espacio y que se instalara, porque sin dudas era una necesidad muy grande”, sostuvo la coordinadora del Refugio, que en la actualidad es uno de los múltiples proyectos que apoya y lleva adelante la Secretaría de Extensión Universitaria.

Trabajo y función

El Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia funciona a través de un sistema de voluntariado. En la actualidad, está integrado por un equipo de 15 miembros: su coordinadora y un grupo de estudiantes avanzadas de Psicología, quienes participan del proyecto en condición adhonorem.

Según explicó Loizo, las colaboradoras rotan periódicamente a medida que obtienen su graduación en la carrera y muchas de ellas, a partir de la experiencia que adquieren en su trabajo de asistencia a las víctimas de violencia, continúan su labor profesional en ese campo en instituciones a fines.

La casa funciona como un espacio de emergencia para las mujeres que están en riesgo de permanecer en sus hogares. La dirección del inmueble se mantiene en reserva para asegurar la integridad de quienes necesitan tránsito y cuenta con 12 camas para alojar a las víctimas y a sus hijos menores de 14 años.

La estadía es por un máximo de 72 horas, que generalmente es el tiempo en el que la Justicia dicta las medidas necesarias de protección, que pueden llegar a comprender la exclusión domiciliaria del agresor.

Una vez que ingresan, además del alojamiento, las mujeres y sus chicos reciben alimentación, a la vez que pueden desarrollar todas las actividades cotidianas que realizarían en su domicilio particular, ya que la casa cuenta con todos los espacios y comodidades necesarias, como habitaciones, cocina, comedor y patio.

El equipo del Refugio recibe consultas telefónicas todo el año, las 24 horas del día. En sus inicios, los llamados y pedidos de asistencia se incrementaron debido a que lograron crear una red con otras instituciones estatales, como el Centro de Atención a la Víctima del Delito (CAVD) y el Subprograma Mujer y Comunidad del Gobierno de la Provincia de San Luis, como así también con las distintas comisarías, que les derivan los casos que requieren alojamiento.

“En general la legislación plantea que quién tiene que abandonar el hogar es el que ejerce la violencia, de modo que la mujer y sus hijos no tengan que circular por distintos lugares. De todos modos, el problema no se termina ahí porque es muy común que haya un incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales de los agresores, que la mayoría de las veces son las parejas varones. El cuidado de las víctimas no depende de nosotros sino de la policía porque una vez emitido el oficio, es la que tiene que hacer cumplir la exclusión del hogar y también tienen que acudir ante un llamado de la víctima. Para eso hay botones antipánico que proporciona el Estado”, señaló.

FUENTE: UNSL