Tenso debate en el Concejo por los empleados de bromatología que fueron despedidos

El proyecto exigía el cumplimiento del Estatuto Municipal y calificaba como una “decisión apresurada” la medida adoptada por el Ejecutivo de despedir a los agentes ya que “se les debía haber hecho un sumario administrativo como lo establece el estatuto del empleado municipal”.  El proyecto apuntaba a que el Ejecutivo reincorpore a los dos empleados a sus puestos de trabajo y que se les inicie el sumario correspondiente.

El edil del partido socialista Merlino, Mariano Stinga, dijo: “la idea es no dar nada por sentado, ni juzgar a nadie, sino simplemente velar por lo que nosotros creemos que nos corresponde como concejales, que es el cumplimiento del estatuto del empleado municipal y que se cumpla con esos pasos. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a saber lo que pasó y los trabajadores tienen derecho a tener una defensa justa ante estos dichos”.

“UNA BURRADA”

El concejal del PJ, Ricardo Chaves, calificó como “una burrada” la forma del proyecto de Resolución y dijo que le preocupaba la situación de “cualquier trabajador”. Además, pidió que no vayan a abandonar (haciendo referencia a los bloques de la oposición) a los trabajadores “dentro de dos semanas si este juicio avanza”. Y agregó: “ésta atención que hoy le prestan, espero no sea en tono de manipulación”.

Chaves habló de la  “parte humana” y también habló de la cuestión técnica: “nosotros no estamos en condiciones de aprobar este proyecto de resolución que es una burrada. Nosotros no podemos hacer un proyecto de resolución solicitando algo al Ejecutivo. El edil afirmó: “estamos cayendo en un conflicto de poderes, nosotros no podemos resolver la reincorporación de estos empleados municipales por eso les digo, no jueguen, asesoren bien, no manipulen ni los términos, ni las cuestiones legales, mucho menos la necesidad de los trabajadores”.

La argumentación de Chaves fue respondida por el radicalismo y el socialismo. Ante una consulta del concejal Stinga, el asesor legal del Concejo Deliberante explicó que se podía hacer el pedido pero a través de una “minuta”. La concejala de la UCR, María Rosa Pinto, hizo una extensa defensa del proyecto y marcó las contradicciones por manifestaciones públicas de la intendenta, Gloria Petrino, y sus funcionarios cuando se refirieron al motivo por el cual los dos empleados dejaron de trabajar en Bromatología. Pinto cruzó duras palabras con Chaves.

Por su parte, la concejala de la UCR, Gabriela Mancilla, hizo referencia a que había que buscar solución a lo que realmente les preocupaba: el contenido del proyecto y la situación de las dos familias. “Nos está faltando el respeto (dijo en referencia a la intendenta Petrino) con este accionar y con la documentación que ha llegado al concejo deliberante, no necesitamos más pruebas”. Pidió que la intendenta y funcionarios den las explicaciones correspondientes al Concejo.

El debate pareció entrar en un punto sin retorno. Los tres concejales de la UCR y el edil del socialismo, admitieron cambiar la forma de proyecto y elevar un pedido de informe al Ejecutivo. Tres de los concejales del oficialismo, Otalvares, Amaya y Chaves permanecían en su postura de no dar tratamiento al tema.

La cuestión se terminó de cerrar cuando se aprobó por mayoría y sobre tablas una iniciativa para pedir mayores informes al Ejecutivo, que contó con los votos de los tres ediles de la UCR, el socialismo y los votos positivos de los ediles Bellido y Fenoglio.